Pide que integrantes de institutos de justicia no sean nombrados por gobernadores El sector patronal del país, a través de las federaciones y 65 Centros Empresariales del país, trabaja con organismos sociales locales, universidades y legisladores para tener a tiempo los Sistemas Estatales Anticorrupción y se resuelvan los pendientes en la materia a nivel nacional. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que suman esfuerzos con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras organizaciones, para alcanzar dichos objetivos. Señaló que la prioridad es tener en las fiscalías locales y los comités ciudadanos a los mejores hombres y mujeres, íntegros, independientes, imparciales, y ajenos a cualquier conflicto de interés, que sean implacables contra todo acto relacionado con la corrupción. De ahí que por ningún motivo aceptarán que los ciudadanos que estén al frente de los comités de participación ciudadana y los comités coordinadores de cada sistema local anticorrupción sean nombrados por los gobernadores. Destacó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe tener listas todas sus piezas el próximo 18 de julio, implica un cambio en el modelo y en los estándares de actuación de los actores políticos, pasando de una forma de hacer política pública de manera cerrada, en función de intereses partidistas, a otra abierta en la que la sociedad civil es actora, parte central. En este contexto, expuso que aún hay pendientes: como la urgencia de que en el periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión apruebe el diseño de las fiscalías General de la Nación y Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción, entre otros temas. De Hoyos Walther opinó, por otra parte, que es imprescindible acelerar la Plataforma Digital Nacional, para que se conecte la información de los sistemas estatales anticorrupción y asegurar el marco legal para que las entidades estatales de Fiscalización tengan las facultades y condiciones de autonomía conforme a la ley modelo para que funcionen adecuadamente.
“Sin estos elementos seguirá siendo difícil que los estados apliquen las normas de estandarización que dicta la ley de Contabilidad Gubernamental”.