Varias propuestas para la consolidación de un Consejo Fiscal rondan los pasillos de la Cámara de Diputados. Los consejos fiscales, a grandes rasgos, son órganos técnicos e idealmente autónomos dedicados al análisis de las políticas públicas con capacidad de impacto sobre la salud fiscal del país. Su principal objetivo es velar por la salud de las finanzas públicas, cuidando que la federación no incurra en endeudamiento severo, ejerza el gasto de manera responsable, etc. En un contexto de espacio fiscal estrecho y con la mancha de la contracción económica del país en 2019, un organismo de este tipo se antoja útil, si no es que necesario para México. Actualmente hay tres iniciativas en la Cámara de Diputados para la creación de un Consejo Fiscal. Sin embargo, sólo una de ellas sugiere que el Consejo cuente con la autoridad para que sus opiniones y sugerencias tengan peso vinculante dentro del Legislativo. Dicho de otro modo, las otra iniciativas sugieren un órgano que emitirá opiniones y análisis que podrían ser ignoradas por el Ejecutivo y/o el Legislativo si estos así lo consideran conveniente. Ante este escenario, ¿cuál sería la utilidad de un Consejo Fiscal para México?  

Consejo Fiscal: un contrapeso desde la opinión pública

Además de sus funciones como analista y evaluador, el Consejo Fiscal sería una presencia de peso en la opinión pública. Las iniciativas que van rumbo a San Lázaro contemplan que el organismo cuente con su propia plataforma de publicaciones, donde presentaría sus análisis, opiniones y sugerencias sobre políticas como el Paquete Económico.
“Al ellos emitir una opinión sobre el Paquete Económico, si (el Legislativo o el Ejecutivo) no lo toman en cuenta, va a quedarle más claro a los medios y a la opinión pública la negligencia en la que pueden estar incurriendo las autoridades. Entonces sí tiene un efecto en el costo político en la toma de decisión, y ese es el impacto que busca tener de alguna manera”, comentó Mariana Campos, de la organización México Evalúa, en entrevista para Fortuna y Poder.
La diputada priísta Soraya Pérez Mungía, autora de una de las iniciativas, subraya también el costo político que ignorar al Consejo podría tener para la administración federal.
“La propia fortaleza del Consejo sería que ante la opinión pública genere tendencia, de tal suerte que sea costoso, al menos políticamente, para la autoridad tomar una decisión en contra de la estabilidad fiscal del país”, señaló la legisladora en entrevista.
Otra de las iniciativas -presentada por los morenistas Laura Pérez Segura y Alfonso Ramírez Cuellar– pretende que el Consejo sea algo más que una entidad que emite opiniones y recomendaciones únicamente.
“(Queremos) asegurar que sea vinculante… Si no, no tiene ningún sentido; me das tu opinión, pero yo decido si la acato o no”, comentó en entrevista la diputada Laura Pérez Segura.
La tercera iniciativa fue presentada por el también morenista Mario Delgado Carrillo, mas no pretende que las decisiones del Consejo sean vinculantes. Por el momento, tan sólo la iniciativa de Pérez Segura y Ramírez Cuellar ha sido turnada a comisiones; las otras dos recibieron prórroga a mediados de enero. Según Pérez Segura, se están preparando mesas de trabajo y encuentros al interior de San Lázaro para discutir las iniciativas de Consejo Fiscal. Se espera que de estas reuniones surja un dictamen que incorpore elementos de las tres iniciativas. El proceso podría tardar desde unas semanas hasta varios meses, pero los legisladores esperan que el dictamen quede listo para discusión este año.  

Autonomía, el principal reto

Las tres iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados concuerdan en que un Consejo Fiscal con las capacidades técnicas para evaluar y opinar sobre políticas fiscales no servirá de nada si no es un cuerpo autónomo. Pero, ¿cómo lograr esa autonomía? Todo dependerá del personal que lo componga, que a su vez dependerá del proceso que se utilice para elegirlo.
“Sí es posible tener un órgano apartidista y de carácter técnico dentro del Legislativo. Es cuestión de que el nombramiento esté cuidado para evitar que se filtren intereses políticos. También es importante establecer requisitos estrictos sobre qué perfiles pueden ser parte del Consejo”, apuntó Mariana Campos.
La Cámara de Diputados cuenta actualmente con un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que cumple funciones similares a las de consejos fiscales en otros países. Sin embargo, se encuentra subordinado operativa y presupuestariamente a San Lázaro. Además, sus miembros son determinados por acuerdos políticos al interior de la Cámara.
“Son cargos políticos. Hoy los centros de estudios se los reparte entre los grupos parlamentarios, y son acuerdos políticos que se dan (…) Por eso es que el CEFP, para los organismos internacionales, no es considerado un consejo fiscal”, apuntó la diputada Soraya Pérez Mungía.
Las tres iniciativas contemplan que el Consejo Fiscal cuente con un Consejo Directivo que sería armado mediante convocatorias abiertas organizadas por la Cámara de Diputados o por el mismo Consejo. Al menos inicialmente, se prevé que el personal del CEFP sea trasladado al Consejo, con algunos de sus miembros incluso incorporándose como consejeros.  

Un Consejo Fiscal autónomo ¿vinculado a San Lázaro?

Existen diversos tipos de consejos fiscales en el mundo, según la relación que mantienen con los poderes del Estado. Hay desde consejos vinculados al Ejecutivo o al Legislativo hasta aquellos que son organismos completamente autónomos o incluso que forman parte de asociaciones privadas. Las tres iniciativas que hay en el Congreso le apuestan a un Consejo vinculado a la Cámara de Diputados. La justificación para ello varía dependiendo de a quién se le pregunte.
“Un consejo fiscal podría reforzar el papel del poder Legislativo, que está facultado para autorizar el presupuesto, el endeudamiento público y que, de acuerdo con el diseño del Estado mexicano, tiene un papel para ser contrapeso en la política fiscal (…) Creemos que quien necesita tener capacidad técnica para esa toma de decisión es la Cámara de Diputados y el Senado”, comentó Mariana Campos.
La diputada Soraya Pérez Mungía alegó que en su iniciativa optó por un Consejo vinculado a la Cámara de Diputados porque “no veo las condiciones de que el gobierno federal actual, ni la legislatura actual, autorice un órgano autónomo nuevo”. La legisladora Laura Pérez Segura, por su parte, aseguró que el vínculo con el Legislativo no representará un problema para la autonomía del organismo, comparando la relación a la que mantiene hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la Cámara de Diputados.   Te puede interesar: IP prepara iniciativa para compensar desaparición de ProMéxico cach