Comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo, tras una breve consulta pública sobre el contenido del proyecto.

Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos sacaron adelante el dictamen con 32 votos de la alianza oficialista de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Mientras que la oposición otorgó 12 votos en contra.

Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, aseguró que el dictamen hizo cambios al proyecto original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Una vez autorizado por comisiones, el proyecto será llevado a análisis, debate y votación en el Pleno de la Cámara alta en el transcurso de los próximos días.

El amparo, también llamado juicio de garantías, constituye un recurso legal que permite a los ciudadanos protegerse y, en su caso revertir, actos de autoridad que sean violatorios de los derechos de los ciudadanos.

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Sin embargo, en los últimos días, Claudia Sheinbaum ha dicho que algunos individuos, como los grandes empresarios deudores de impuestos, han abusado del juicio de amparo para dilatar los juicios y abstraerse del cumplimiento de sus obligaciones, de ahí la necesidad de encontrar la forma de acotar el funcionaimiento del recurso de amparo.

La reforma propone incorporar el concepto de “interés legítimo” del quejoso, es decir que la persona debe demostrar que un acto de autoridad realmente le afecta y modifica su vida, con lo que no se podrá defender solo por suposiciones o situaciones irreales.

Se limitan los criterios para otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, ya que no se podrá solicitar la suspensión en casos como bloqueo de cuentas bancarias por lavado de dinero.

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Asimismo, la reforma también introduce el juicio de amparo digital, para agilizar los trámites y el trabajo de los juzgados, además de que establece plazos precisos de audiencias para evitar que los juicios se alarguen innecesariamente.

Por la naturaleza de los cambios que se pretenden incorporar a la Ley de Amparo, el proyecto igualmente considera modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

GC