El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —el organismo cúpula del sector privado— solicitó al Senado de la República que no se precipite para aprobar la reforma al Poder Judicial, sino que se tome el tiempo suficiente para agotar el análisis y el debate, en aras de obtener los mejores resultados.
“El sector privado mexicano hace un llamado a todos los integrantes del Senado de la República para que, en el 200 aniversario de la instauración de esta institución tan importante en la historia de México, permitan una discusión deliberada, extensa y con el tiempo suficiente para analizar, ponderar y debatir los cambios necesarios que nos permitan mejorar la administración de justicia en el país y el funcionamiento del Poder Judicial”, refirió el organismo a través de un comunicado.
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Como se ha informado, el Senado de la República aprobó el domingo en comisiones el dictamen de reforma al Poder Judicial, que le turnó la Cámara de Diputados desde la semana pasada.
En seguimiento al trámite legislativo, los senadores sesionan este martes para dar la primera lectura del dictamen y, de agotarse esta etapa, es posible que hoy mismo realicen la votación en el pleno de la Cámara alta.
En caso de prolongarse la sesión de hoy, los senadores entonces convocarán a sesión plenaria mañana para hacer la votación.
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Afuera de la Cámara alta permanecen grupos de trabajadores del Poder Judicial federal, entre empleados operativos, jueces y magistrados, procedentes tanto de la Ciudad de México como de los estados, quienes protestan en contra del proyecto y demandan a los senadores que no voten a favor.
En este contexto, el CCE volvió a pronunciarse públicamente sobre el proyecto de reforma al Poder Judicial, al solicitar a los legisladores que una eventual reestructuración de este sector deberá garantizar “la división de poderes”.
Asimismo, el organismo consideró que la independencia del Poder Judicial “debe ser discutida y analizada a profundidad y con responsabilidad por todos los actores”, ya que están en juego el respeto a los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, laborales y ambientales.
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Asimismo, está en juego el cumplimiento de los tratados comerciales y de inversión que ha firmado México con otros países, principalmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El CCE recordó que la existencia de un Estado de derecho sólido es una condición necesaria que demanda la inversión, de ahí que el país tiene ante sí la “oportunidad irrepetible para contar con un sistema integral de justicia acorde con los nuevos tiempos”.
GC
