El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confió en que, una vez que se presenten las impugnaciones contra la recién aprobada reforma electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá tomar las mejores decisiones en función de lo que indica la Constitución vigente.

“Dado que algunos actores ya han anunciado que recurrirán a la SCJN para controvertir diversos puntos de la reforma aprobada, es pertinente hacer un llamado a que prevalezca y se respete el Estado de derecho”, aseguró el CCE en un comunicado, a unas horas de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en lo general y en lo particular.

Falta que el Senado de la República, en su calidad de Cámara revisora, dé su visto bueno al dictamen de los diputados para que pueda ser enviado a la Presidencia de la República y finalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El CCE —el organismo cúpula del sector privado— lamentó que el proceso legislativo de la reforma electoral, que se enfocó únicamente en leyes secundarias y no en la Constitución, no haya considerado un diálogo abierto ante la sociedad y menos aún un consenso de todos los partidos políticos.

Asimismo, el organismo empresarial llamó la atención sobre el hecho de que se hubiera autorizado una reforma electoral a dos años de celebrarse las elecciones presidenciales de 2024.

“Al CCE y a todos los organismos que lo conforman nos preocupa la decisión del Congreso de cambiar las leyes electorales y modificar la estructura de las instituciones democráticas, en vísperas de un periodo electoral tan importante como el del próximo año y el de la sucesión presidencial de 2024”, refirió el comunicado.

Ante la próxima realización de las elecciones presidenciales, el CCE hizo un exhorto “para que cualquier ajuste a la estructura y operación de las instituciones electorales se realice con apego a las leyes y a la Constitución”.

Te puede interesar: Reforma electoral aprobada por diputados regresa al Senado para su visto bueno final

La reforma electoral aprobada ayer por los diputados incluye una serie de medidas que reduce la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a su personal ocupado, en aras de generar ahorros presupuestales.

Entre otras disposiciones, la oposición y especialistas han destacado el desmantelamiento del servicio profesional de carrera desarrollado por el INE, por medio del cual se han capacitado funcionarios y operadores de los procesos electorales.

GC