La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes un decreto para reforzar los criterios de transparencia de la información pública en poder del gobierno, con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer el manejo de los recursos y las decisiones de la administración federal, además de eliminar la discrecionalidad con la que funcionarios pueden reservar documentos.
La mandataria firmó el decreto en su conferencia de prensa diaria, acompañada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján. El documento será publicado en el transcurso de la tarde de este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Te puede interesar: Gobierno prepara reforma sobre transparencia de información pública
Claudia Sheinbaum explicó que el decreto amplía la información que las dependencias deberán hacer pública, por encima de las obligaciones que ya prevé la legislación vigente.
También adelantó que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo enviará una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia, con el propósito de incorporar estos criterios de manera permanente al marco jurídico del país.
“Vamos a ser todavía más transparentes; es la garantía de la transparencia de la información del gobierno de México”, aseguró la mandataria.
Te puede interesar: Gobierno abre padrón de Testigos Sociales para fortalecer transparencia en compras públicas
La nueva política abarca a todas las entidades del gobierno federal y se compone de cuatro ejes: contrataciones públicas; Petróleos Mexicanos (Pemex), con sus filiales, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sus filiales; fiscalizaciones y auditorías, además de una invitación para que estados, municipios y los demás poderes de la Unión adopten el mismo estándar de apertura informativa.
Entre las principales disposiciones destaca que los contratos y convenios celebrados por el Ejecutivo federal, incluidos los de Pemex y CFE, deberán difundirse cada mes, en lugar de hacerlo de manera trimestral. Asimismo, las empresas públicas pondrán a disposición información sobre sus estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes entregados a agencias extranjeras.
En materia de fiscalización, también se difundirá el programa anual de auditorías, las observaciones formuladas y la información relacionada con los despachos auditores.
Te puede interesar: Secretaría Anticorrupción denuncia suplantación de identidad y uso de documentos falsos para extorsionar
Raquel Buenrostro comentó que el decreto fortalece el principio de “máxima publicidad”, al incorporar información de interés público que rebasa las obligaciones legales actuales.
Añadió que buena parte de las consultas ciudadanas se concentra precisamente en los temas de los cuatro ejes mencionados y que ahora deberán difundirse de manera periódica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
La funcionaria explicó además que se simplifican las más de 170 hipótesis de reserva de información para dejar únicamente las relacionadas con la seguridad nacional y los asuntos que se encuentren bajo litigio o investigación judicial en curso.
Te puede interesar: Corrupción tiene un costo de 17,707 mdp anuales
Incluso en esos casos deberán elaborarse versiones públicas de los documentos.
Las nuevas disposiciones deberán reflejarse en la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del decreto.
No obstante, Claudia Sheinbaum reconoció que aún será necesario que el Poder Legislativo adecue la legislación para armonizarla con los criterios establecidos en el decreto presidencial.
Te puede interesar: Sanciona Secretaría Anticorrupción a 4 empresas proveedoras de gobierno
GC
