El Senado de la República aprob, en una sesión “exprés”, marcada por tensiones y acusaciones entre grupos parlamentarios, la nueva Ley General de Aguas, así como diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

El dictamen fue avalado, primero en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, y en la madrugada de hoy, en lo particular, con 82 votos a favor y 34 en contra, sin que el Pleno aceptara modificación alguna.

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El dictamen —enviado por la Cámara de Diputados apenas unos minutos antes de su discusión en el Senado— avanzó bajo un procedimiento acelerado, con dispensa de trámites, ya que se discutió directamente en el Pleno sin pasar primero por comisiones.

Una vez concluido el debate, la reforma fue remitida al Poder Ejecutivo federal para su promulgación.

Jornada tensa y acusaciones cruzadas

El ambiente en el pleno se tensó desde el inicio.

Senadores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendieron la necesidad de actualizar el marco jurídico para “ordenar el uso del agua y garantizar el derecho humano al recurso”.

Mientras que legisladores de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron al oficialismo de impulsar una ley que centraliza el control del agua en el gobierno federal.

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Uno de los señalamientos más recurrentes de la oposición consistió en que después de las reformas, las concesiones de agua ya no podrían transferirse entre particulares, lo que afectará la compra–venta de tierras y la continuidad de actividades agrícolas.

En respuesta, integrantes de Morena citaron artículos de la ley para sostener que “sí se permite la transmisión de derechos”, tanto en operaciones comerciales, como en procesos de sucesión familiar.

La discusión escaló entre gritos, mantas y acusaciones sobre quién concentra más concesiones de agua.

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En los escaños del PRI aparecieron carteles con frases como “Morena traiciona a los campesinos” y referencias directas al legado de Emiliano Zapata.

Asimismo, en el enfrentamiento verbal intercambiaron acusaciones los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Argumentos a favor y en contra

Desde el oficialismo, el senador Óscar Cantón Zetina aseguró que la nueva legislación pone en el centro a las personas y no a “los grandes acaparadores del agua”, al crear “un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”. En su opinión, la norma “rompe con la visión mercantil” del recurso y devuelve su control al “pueblo de México”.

Sin embargo, la oposición expresó una visión radicalmente distinta.

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La panista Verónica Rodríguez Hernández afirmó que la ley convierte al agua en un “instrumento de control político”, al permitir que el gobierno decida de manera discrecional quién mantiene o pierde su concesión.

La priista Carolina Viggiano Austria cuestionó que el proyecto fuera aprobado sin estudios económicos, presupuestales ni análisis de impacto, además de señalar que no hubo consulta a comunidades indígenas.

Mientras tanto, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que el nuevo marco jurídico abre la puerta a mayores atribuciones para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sin contrapesos, lo que elevará los riesgos de discrecionalidad, corrupción y “castigo político”, además de generar incertidumbre para productores e inversionistas.

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El Senado sesionó bajo resguardo de la policía ante la expectativa de protestas de organizaciones campesinas, las cuales no se presentaron.

Con la “aprobación exprés” de la reforma en materia de aguas nacionales, el gobierno federal se prepara para un nuevo modelo de gestión hídrica que promete fortalecer la rectoría del Estado, mientras que la oposición y organizaciones agrícolas anticipan una mayor concentración de poder y altos riesgos de escasez de agua para el campo mexicano.

GC