La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), reportó el aseguramiento de 80 toneladas de residuos peligrosos, de 30,000 toneladas revisadas, y la clausura de nueve empresas. Las compañías que fueron clausuradas están en Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Zacatecas, y la sanción fue por operar con irregularidades ambientales como: rebasar emisiones de límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes, mal manejo y almacenamiento de residuos peligrosos, contaminación de suelos, descargas de aguas residuales sin autorización, entre otras. Mediante un comunicado, destacó que el denominado “Operativo 30 días de acción” se llevó a cabo en junio en 43 naciones de América, Asia, Europa y África, y culminó  con la detención y aseguramiento de 1.5 millones de toneladas de materiales y sustancias peligrosas en esos países. En México la Profepa revisó 4,162 unidades de transporte -3,309 en puntos carreteros y 853 contenedores en aduanas-, que correspondieron a casi 30,000 toneladas de baterías usadas de plomo ácido, tierras contaminadas con hidrocarburo, aceites gastados y residuos biológicos infecciosos. Toda esta clase de mercancía o material residual carecía de autorizaciones federales para su transportación, así como de los respectivos manifiestos de entrega-transporte- recepción que exige el marco jurídico del país, informó. La Profepa también verificó 1,344 movimientos transfronterizos de mercancías peligrosas sujetas a regulación federal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y casi 2,500 contenedores en puertos marítimos. El operativo contó, además, con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), y se realizó en 69 puntos carreteros y 23 aduanas del país en las que participaron casi 200 inspectores federales de la Profepa. FFP