En los primeros minutos de este jueves, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y lo general la reforma a la Constitución Política mexicana en materia de áreas y empresas estratégicas. El dictamen fue enviado a las legislaturas estatales para su consideración.

Cabe mencionar que, con 86 votos a favor y 39 en contra, la asamblea avaló en lo particular la reforma a los artículos 25, 27 y 28, a fin de “modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética, proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible”.

Los senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen; sin embargo, como era de esperarse, no fueron aceptadas por la asamblea.

En lo general, el dictamen obtuvo 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.

Lo aprobado

El dictamen establece que se eliminará el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional. Éste, se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.

Igualmente, instaura que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.

Asimismo, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, el proyecto “da pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE, “para chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”.

De forma contraria, Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) aseguró que la reforma representa una regresión en materia energética, ya que pretende “endosarle” a las y los mexicanos el déficit bajo el que operan Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); es decir que, se comprometerá el futuro de las siguientes generaciones, “bajo el argumento nacionalista de la soberanía energética”.

Por su parte, Mely Romero Celis (PRI) advirtió que Pemex y la CFE no tienen capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse sin colaboración de privados, por lo que “mucho menos podrán sostener la soberanía energética que se busca promover”; consideró, por tanto, que esta reforma únicamente “subsidia la ineficiencia” y es un “retroceso disfrazado de progreso”.

Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich calificó la enmienda de “regresiva, contaminante y obsoleta”, entre otros factores, por omitir la transición a combustibles limpios; en ese sentido, subrayó que, aunque la descarbonización de la energía tiene grandes desafíos y costos, es necesaria para contribuir a la salud pública, particularmente la de las futuras generaciones.

Es importante señalar que, en esta sesión, el pleno senatorial también aprobó la licencia que solicitó el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta a Tabita Ortiz Hernández como senadora de la República.

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