La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que multó e inhabilitó a un proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por haber proporcionado información falsa durante la vigencia de un contrato celebrado con la institución.

De acuerdo con un comunicado oficial, la dependencia detalló que, a través del Órgano Internno de Control en el IMSS, se impuso a Luis Carlos Manzano Elizalde una multa por 134 mil 664 pesos, además de una inhabilitación por un año para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o para celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La Secretaría Anticorrupción precisó que “la sanción se impuso debido a que Manzano Elizalde proporcionó información falsa durante la vigencia del contrato abierto de prestación de servicios de órtesis y prótesis número ABTN202004050034”, el cual le fue adjudicado tras la Licitación Pública Nacional LA-050GYR035-E11-2020, contenida en una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En este contexto, la dependencia federal señaló que la notificación de la sanción se realizó el 17 de diciembre de 2025, mientras que su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que da plena validez jurídica a las medidas impuestas.

Asimismo, Manzano Elizalde ya fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México, reforzando los mecanismos de control en las compras públicas.

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las sanciones se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta, en apego al marco normativo vigente.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar en la ejecución de contratos públicos tiene consecuencias”, subrayó la dependencia.

Finalmente, se indicó que la persona física sancionada tiene derecho a impugnar la resolución, y que, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, al haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.