El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no ordenará que se suspendan los pagos de salarios y ni que se despida a los trabajadores del Poder Judicial federal que están en paro de labores, en protesta por la reforma constitucional que pretende reestructurar al sector.
Sin embargo, el mandatario conminó a los manifestantes a pensar en su responsabilidad como servidores públicos y en su imagen ante la sociedad, porque el pueblo “está muy politizado”.
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“Que (los trabajadores) sepan que hay un juez que es el pueblo de México, que no les pase lo que sucedió hace dos meses. El conservadurismo desconoce que el pueblo existe y no, en México vamos a la vanguardia en la politización de su pueblo”, aseguró López Obrador.
Cuando se cumplen cinco días del paro de labores de trabajadores operativos y de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el mandatario volvió a decirles que sus derechos laborales estarán a salvo con la reforma y que su gobierno no va a emprender represalias contra su movimiento.
“Le corresponde resolverlo (la terminación de la suspensión de actividades) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y no vamos a pedir que les hagan descuentos, al contrario, sostenemos que son libres de manifestarse”, dijo López Obrador, quien anteriormente ha comentado que la suspensión de actividades es ilegal.
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Las palabras del mandatario contrastan en parte con los comentarios de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, quien opinó que si los trabajadores y juzgadores federales no trabajan actualmente, no deberían recibir su sueldo.
Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial federal se manifiestan en las capitales de los estados, para rechazar el proyecto de reforma que pretende introducir como método de designación de jueces, magistrados y ministros la elección por voto popular en elecciones abiertas.
Los manifestantes han dicho que ese cambio constituye el fin de la carrera judicial, que es el mecanismo vigente para nombrar juzgadores, con base en el mérito profesional y el conocimiento.
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Asimismo, los trabajadores han expresado que el proyecto de reforma constituye un golpe a los principios de división de poderes, ya que se pretende someter al Poder Judicial a los intereses del Poder Ejecutivo.
GC
