Hace tres años, cuando tomó posesión del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció combatir las prácticas de corrupción en la administración pública y rescatar cerca de 500,000 millones de pesos (mdp) para las arcas públicas, pero al presente los resultados obtenidos sobre esta promesa han sido mínimos o realmente nulos.

A la mitad del sexenio, no se han arrestado sospechosos, solo existen dos casos relevantes –el de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, y Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)—, además de que no se han desmantelado redes de corrupción, ni menos aún se han recuperado recursos económicos, así lo considera Max Kaiser Aranda, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios (CIEN).

“La corrupción es un lastre (…) No sabemos si este es el gobierno más corrupto, pero sí es el de mayores riesgos”, aseguró en entrevista el experto, al hacer un balance sobre los logros alcanzados por la presente administración en materia de corrupción.

El primer ejemplo está en las contrataciones públicas de bienes y servicios, porque hoy en día 80 de cada 100 contratos se asignan de manera directa a los proveedores y nueve de cada 10 contratos se hacen por invitación restringida.

De modo que “solo 11 de cada 100 contratos se realizan por licitación abierta, así se hacen las obras de hoy, sin licitaciones y con invitaciones restringidas, lo que implica un grave riesgo”, asegura Kaiser Aranda, también presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

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Las implicaciones de este esquema de trabajo no son menores, ya que se aplica a las grandes obras de infraestructura de este sexenio, como el Tren Maya –que se construye en la Península de Yucatán—, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) –que se edifica en Santa Lucía, Estado de México—, así como la Refinería de Dos Bocas –que se desarrolla en Tabasco—.

Gastar menos no significa honestidad ni eficiencia

Max Kaiser observa que hábilmente López Obrador ha confundido en su discurso los conceptos de corrupción y gasto o exceso en el gasto público, con lo que sostiene que su gobierno no es corrupto porque no incurre en gastos ostentosos.

“La corrupción es igual a mucho dinero, entonces ‘somos honestos porque nos bajamos los sueldos, no tenemos secretarios particulares, ni camionetas suburbans’”, refiere el experto sobre los mensajes del mandatario respecto a los avances de su gobierno en la materia de corrupción.

Sin embargo, ese mensaje es engañoso.

“Desde que llegó este gobierno, se despidieron a más de 10,000 servidores públicos de alto nivel y con capacidad y a los que dejó o contrató les bajó el sueldo y les quitó recursos, lo único que se les pidió fue lealtad ciega y eso genera un nuevo riesgo de corrupción”, advierte Max Kaiser, abogado especialista en derecho administrativo.

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Si bien el gobierno de López Obrador –que se autodenomina como la Cuarta Transformación de México— no ha desparecido el Sistema Nacional Anticorrupción, este instrumento está en proceso de “inanición” porque carece de recursos, no tiene atención, ni tampoco se le han asignado casos.

Instituciones anticorrupción capturadas

El brazo o brazos que tiene la administración a su alcance son la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero estas instituciones no han demostrado ser eficientes para enfrentar la corrupción.

“La FGR es una pieza central del sistema, pero está capturada por uno de los servidores públicos más leales al presidente”, comenta Max Kaiser sobre la cercanía del fiscal Alejandro Gertz Manero con López Obrador.

Mientras que en la SFP, la exsecretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros “era la supervisora de la lealtad política, de ver que los empleados públicos fueran afines al gobierno”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) –que depende de la Cámara de Diputados— tampoco ha dado resultados más contundentes sobre cómo enfrenta la corrupción, porque da la impresión de estar “cooptada”, añade Max Kaiser.

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Sobre los 500,000 mdp, el experto destaca que, al presente, no se ha presentado una sola prueba de cómo el combate a la corrupción ha permitido rescatar recursos económicos.

“Los ahorros del gasto público –que tanto presumen López Obrador y la Secretaría de Hacienda— vienen de programas cerrados, de recortes a los sueldos, de reducción de presupuestos a cosas importantes, de la desaparición de fideicomisos y fondos públicos, pero no hay una sola prueba que demuestre la recuperación de recursos, es una mentira absoluta”, concluye el experto.

GC