El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, antes de concluir su administración en 2024, enviará una iniciativa de reforma al Poder Judicial, misma que va a incluir la creación de un tribunal especial para procesar los asuntos internos y evaluar el desempeño de los más altos funcionarios, como los jueces.

“La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial, que esté pendiente de su funcionamiento”, comentó el mandatario este martes, en su conferencia de prensa de todas las mañanas.

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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene facultades para evaluar a los jueces y magistrados de los juzgados, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en los hechos no cumple con su deber, porque los malos juzgadores nunca son sancionados, aseguró López Obrador.

En medio de su confrontación con el Poder Judicial, el mandatario insistió en su propuesta para que los jueces sean electos por medio de voto popular, lo cual será parte central de su proyecto de reforma al Poder Judicial.

López Obrador refirió que su iniciativa planteará los conceptos de revocación de mandato y de reelección de los juzgadores, ya que de esa manera la población podrá evaluarlos y premiarlos o castigarlos en función de su desempeño.

En este sentido, López Obrador insistió en sus ataques al Poder Judicial, al insistir en que está “secuestrado, tomado por la oligarquía”, ya que otorga resoluciones favorables para los “poderosos” y “delincuentes”.

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Como se ha informado, el Poder Judicial ha recibido a trámite y ha otorgado sentencias favorables para algunas empresas que se han inconformado contra las reformas en materia energética del gobierno lopezobradorista, que restringen las importaciones y distribución de hidrocarburos, y que terminan de manera anticipada contratos de provisión de energía eléctrica, principalmente de plantas de energía renovable.

Este asunto ha sido causa de uno de varios desencuentros entre el gobierno federal y el Poder Judicial en lo que va de la presente administración, de los cuales el más reciente episodio es la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión, pero que en las últimas semanas ha sido combatido por el mismo personal de los juzgados y tribunales a través de solicitudes de juicio de amparo.

El gobierno federal pretende utilizar los fondos de esos fideicomisos para financiar las medidas de apoyo a la población damnificada por el huracán Otis en el estado de Guerrero.

GC