La Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para la Ciudad de México, que presentará ante el pleno en la próxima sesión ordinaria. La legislación tiene como propósito proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la Ciudad de México y las alcaldías, con la finalidad de regular su debido tratamiento. El presidente de dicha comisión, el panista Ernesto Sánchez Rodríguez, aseveró que entre otros puntos fundamentales se prohíbe a cualquier funcionario público el uso de periscope para exhibir a los ciudadanos que incurran en ilícitos, ya que ante todo está el derecho a preservar su identidad. El asambleísta explicó que el dictamen se tiene que aprobar para cumplir la obligación de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa capitalina, para expedir las reglas y realizar las adecuaciones normativas correspondientes para empatarla con la Ley Federal en la materia. La ley fija la competencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cuidado de información privada en posesión de sujetos obligados, con base en las normas aplicables. Asimismo, se regula el procedimiento del recurso de revisión para garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. También se garantiza que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales, al igual que la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. En la legislación se provee un nuevo diseño institucional que fortalece y da rumbo definido y concreto a protección de datos en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México, a fin de salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos capitalinos y cumplimentar los mandatos previstos por la Constitución Política. OC