La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó al gobierno de Estados Unidos que no haya concedido unas 269 solicitudes de extradición y detención provisional presentadas por México en los últimos ocho años.
Con este punto de vista, la mandataria intentó quitarse de encima las críticas en el sentido de que su administración incumple el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, porque Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve ciudadanos mexicanos, todavía no han sido detenidos con fines de extradición, para enfrentar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, para traficar con drogas y armas.
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En su conferencia de prensa de todas la mañanas, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno estadounidense ha incumplido solicitudes de extradición hechas por México. “La relación es recíproca, hay casos gravísimos para México”, afirmó la mandataria.
Asimismo, Romero Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, informó que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, el gobierno mexicano presentó 269 requerimientos de extradición y detención provisional contra personas acusadas de distintos delitos.
De ese total, 36 casos fueron rechazados por Estados Unidos, mientras que 233 siguen pendientes. Entre los expedientes aún sin resolver, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición que continúan en revisión judicial.
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Las 50 restantes corresponden a casos con peticiones de detención provisional con fines de extradición. En 47 de ellos, Estados Unidos demandó información adicional para justificar las peticiones del gobierno mexicano.
Con base en las contestaciones de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum defendió la respuesta de su gobierno para solicitar pruebas en el caso de Rocha Moya y los nueve coacusados, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, para acreditar su presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico.
Roberto Velasco explicó que pedir más elementos “es una práctica común entre los dos países” y negó que México haya actuado fuera del tratado de extradición.
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Entre las solicitudes mexicanas pendientes aparecen las del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado en el país de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos; el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por presuntos vínculos con una red de “factureros”; así como algunos implicados en el caso Ayotzinapa.
El gobierno federal reiteró que las cuentas bancarias de Rocha Moya y de los otros acusados por Estados Unidos fueron congeladas “de manera preventiva”, mientras continúan las investigaciones y el intercambio de información entre ambos países.
GC
