La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada con prisión preventiva este lunes tras ser acusada por haber recibido sobornos millonarios provenientes de empresarios dedicados a la construcción, esto durante los gobiernos Kirchneristas que abarcan desde 2003 hasta 2015 y conocido como el caso Coimas. TE PUEDE INTERESAR: Argentina no ve tregua para su economía en 2019 El proceso fue dictado por un juez argentino identificado como Claudio Bonadio, quien la acusó de asociación ilícita. Sin embargo, la ex mandataria no será detenida debido a que es senadora por el país sudamericano y cuenta con fuero. Para que se logre la detención de quien fuera esposa del también presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, al menos dos tercios de los senadores argentinos deben aprobar su desafuero. Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y ex funcionarios que han declarado como imputados “arrepentidos” y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y el difunto Kirchner.

Complica su candidatura a la presidencia

La ex presidenta Cristina Fernández enfrentará varios juicios el próximo año, lo que complica la posibilidad de volver a ser candidata presidencial en los comicios generales de octubre de 2019. En el primer juicio, que ya fue confirmado para comenzar el 26 de febrero próximo, la exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que diseñó el otorgamiento de millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. La causa marcará el intenso año electoral que vivirán los argentinos, ya que se desarrollará en medio de las precampañas en un escenario en el que Fernández de Kirchner sigue siendo, hasta ahora, la líder opositora con más intención de voto. De acuerdo con las encuestas, la ex presidenta cuenta con un apoyo estable del 30 por ciento, mientras que el presidente Mauricio Macri, quien buscará la reelección en los comicios del próximo año, enfrenta una debacle de su imagen provocada por la crisis económica que padece el país. Sin embargo, al gobierno le favorece la postulación de Fernández de Kirchner porque su imagen negativa es muy alta y la polarización pública con ella siempre ha terminado beneficiando a Macri, quien confía en que en la campaña ya pueda presumir una recuperación económica. Fernández de Kirchner se sentará en febrero por primera vez en el banquillo de los acusados, pero no será la última, ya que hay otras seis causas en marcha en su contra, dos de las cuales ya fueron elevadas a juicio oral y público aunque todavía sin fecha de inicio. En las audiencias del primer juicio, un tribunal escuchará a decenas de imputados y testigos que confirmarán o desmentirán que la expresidenta adjudicó 52 obras de manera irregular en la patagónica provincia de Santa Cruz, a cambio de “comisiones”, es decir, sobornos. Los contratos favorecieron a Lázaro Báez, un empresario que era amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que se enriqueció abruptamente durante los gobiernos kirchneristas y que ahora está en prisión. Además de Fernández de Kirchner y Báez, serán juzgados el exministro de Planificación, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López, quienes también ya están detenidos e imputados en otras causas por corrupción. En 2019, además, comenzará un segundo juicio en el que la expresidenta está acusada de un perjuicio de 3,500 millones de dólares en contra de la administración pública por haber autorizado en su último año de gobierno la venta anticipada de divisas que después fueron vendidas a un precio mucho mayor. A ese proceso se le sumará un tercer juicio en el que a Fernández de Kirchner se le imputa haber pactado con Irán la impunidad de ciudadanos de ese país acusados del ataque terrorista más grave sufrido en Argentina, ocurrido en 1994. Con información de agencias.