La decisión de un juez estadounidense de detener la aprobación de nuevas solicitudes para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés) ha coartado las esperanzas de miles de jóvenes “dreamers” y sus familias, que confiaban en obtener al menos un permiso de trabajo y evitar la deportación.

Andrew Hanen, juez del Tribunal de Distrito del sur de Texas, dictaminó este viernes que el gobierno de Barack Obama (2009-2017) violó la ley cuando creó DACA, por lo que prohibió conceder nuevos permisos bajo este programa, creado en 2012, para proteger a cientos de miles de jóvenes indocumentados que habían entrado al país de manera irregular cuando apenas eran niños.

A estos jóvenes con deseos de estudiar en Estados Unidos se les conoce como “dreamers” o “soñadores”.

“Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo Beatriz, una madre indocumentada residente de Arizona, quien esperaba que el gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

La inmigrante fue la encargada de decirle a su hijo mayor que por ahora tendrá que “detener sus sueños” de continuar sus estudios superiores, pues en muchos estados los indocumentados no pueden recibir becas y deben pagar matrículas universitarias mucho más caras.

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Alberto, nacido en Oaxaca, llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Desde que DACA fue creado, en 2012, la familia y él esperaban a que cumpliera 15 años para que pudiera solicitar el beneficio.

El primer gran golpe que recibieron Alberto y sus padres fue en 2017, cuando el gobierno de Donald Trump puso fin al beneficio y se desató una lucha en las cortes para salvar el programa.

Beatriz describe la situación como una montaña rusa que no se detiene. El último gran momento de felicidad fue en diciembre pasado, cuando un juez federal de Nueva York ordenó al gobierno restablecer el programa.

Apoyado por Arizona Dream Act Coalition, Alberto se arriesgó a enviar su solicitud en diciembre 23 de 2020. Un día antes de Navidad, en espera de que el amparo se convirtiera en el regalo que había esperado.

Pero pasaron casi siete meses y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no envió al joven ni siquiera una cita para tomarse los datos biométricos, un paso previo para la aprobación del amparo.

“Nos quedamos esperando”, explica la madre que confiesa que aún no sale del impacto emocional que le causó el fallo.

Alberto es uno de los miles de jóvenes indocumentados que serán afectados por el fallo del juez de Texas. Hasta el 1 de abril, había 55,550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS, sin contar con las recibidas en abril, mayo, junio y lo que va de julio.

El retraso en el procesamiento de las solicitudes había hecho que legisladores como el senador demócrata Dick Durbin consideraran “inaceptable” la situación y habían exigido recientemente al gobierno del presidente Joe Biden agilizar el proceso.

“No tomaron nuestra situación en serio”, reprocha a la administración demócrata la salvadoreña Claudia C, residente de Los Ángeles y una de las afectadas por la decisión de Hanen.

Presiones de “dreamers” se dirigen al Congreso de EU

Claudia envío su solicitud como nueva beneficiaria de DACA en febrero pasado y, aunque la joven de 20 años alcanzó a presentarse a la toma de huellas y datos biométricos, aún no ha recibido ningún aviso de la aprobación del amparo.

Pero la joven espera que el gobierno de Biden intente por lo menos encontrar un camino para proteger a los indocumentados que enviaron sus solicitudes y aguardaban respuesta.

“Crecí escuchando promesas para mí y mi familia pero ninguna se ha cumplido. Es muy desalentador”, confiesa la indocumentada nacida en El Salvador.

Tras el fallo de Hanen, la presión también se volcó sobre el Congreso, especialmente el Senado, que mantiene sin debatir varias propuestas para legalizar a los jóvenes “dreamers”.

En este sentido, Claudia recuerda el proceso de 2017, cuando el expresidente Donald Trump dio a los congresistas seis meses para buscar una solución definitivamente. “Parece que fuéramos un juguete”, subraya.

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Aunque el fallo de Hanen no afectó a los cerca de 650,000 amparados actualmente por DACA y sus futuras renovaciones, la organización United We Dream advirtió a sus miembros que los permisos de salida conocidos como “Advance Parole” estén cerrados para los beneficiados por el amparo.

Al escuchar esta advertencia, Beatriz se preocupó por su amiga Karina Ruiz, directora de Arizona Dream Act Coalition, y amparada por DACA que se encuentra en México tras conseguir un permiso de salida.

En una conferencia de prensa tras el fallo, Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano (MALDEF), la organización sin fines de lucro que defendió a los “soñadores” en esta demanda, dijo que evalúan si apelan el fallo y llevan la lucha hasta el Tribunal Supremo, que ya en el 2020 estuvo a favor del programa.

GC