“Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, se lee en el texto que está firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth.La nota refiere que el gobierno nacional ha gastado cerca de 80 millones de dólares en tareas de espionaje desde 2011, mediante la empresa israelí NSO Group.
“La empresa que fabrica el software asegura que vende la herramienta únicamente a los gobiernos con la condición de que sólo se utilice para combatir a grupos terroristas o criminales y carteles de drogas”, refiere.





