La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas relacionadas con fraudes de tiempo compartido presuntamente liderados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la autoridad estadounidense informó que los sancionados operan en Puerto Vallarta y sus alrededores, zona que calificó como “bastión estratégico” para el grupo criminal.

De acuerdo con la OFAC, el CJNG es “un cártel brutalmente violento, designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO), que cada vez complementa más sus ganancias por tráfico de drogas con fuentes de ingresos alternativas, como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”.

En este contexto, abundó que el Departamento del Tesoro está llevando a cabo acciones dirigidas a las diversas fuentes de ingresos de los cárteles, incluyendo el robo de combustible, el tráfico de personas, la extorsión y el fraude.

“Estamos yendo tras cárteles terroristas de drogas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo. Estos cárteles continúan creando nuevas formas de generar ingresos para financiar sus operaciones terroristas.

“Bajo la dirección del presidente Trump, seguiremos con nuestro esfuerzo por erradicar completamente la capacidad de los cárteles de generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de estadounidenses mayores mediante fraudes de tiempo compartido”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La sanción fue coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Bienes bloqueados y restricciones financieras

Con esta acción, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La medida también aplica a entidades cuya propiedad directa o indirecta, individual o conjunta, sea de al menos 50% por personas bloqueadas.

Salvo que cuenten con una licencia general o específica emitida por la OFAC o estén exentas, las regulaciones prohíben cualquier transacción de personas estadounidenses o realizada dentro de Estados Unidos que involucre bienes o intereses de personas bloqueadas.

Las violaciones a estas sanciones pueden derivar en multas o sanciones penales para personas y empresas, tanto estadounidenses como extranjeras.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o para beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

“Asimismo, participar en ciertas transacciones con las personas designadas hoy puede conllevar el riesgo de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes”, puntualizó la OFAC.

Modus operandi

La OFAC explicó que los cárteles obtienen información de propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de empleados cómplices dentro de los resorts.

Con esos datos, operadores de call centers contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por corredores, abogados o representantes de ventas en sectores como tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros, supuestamente radicados en Estados Unidos.

Las estafas incluyen: fraudes de salida o reventa de tiempo compartido, fraudes de re-alquiler de propiedades vacacionales y falsas inversiones en tiempo compartido.

En todos los casos, las víctimas son presionadas para pagar “cuotas” e “impuestos” por adelantado, con la promesa de recibir un pago posterior que nunca llega. A menudo, se les pide transferir el dinero a cuentas en bancos o casas de bolsa en México.

Tras la estafa inicial, algunas víctimas sufren re-victimización: delincuentes que se hacen pasar por abogados les ofrecen recuperar su dinero a cambio de un pago por adelantado, o se presentan como funcionarios —incluso de la OFAC— alegando transacciones sospechosas y exigiendo “multas” para liberar fondos, bajo la amenaza de arresto.

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