El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra tres personas y tres empresas mexicanas dedicadas a los juegos y las apuestas, debido a por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), por lo que sus bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense han sido bloqueados, además de que tienen prohibido realizar operaciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado que estas acciones pretenden golpear las redes financieras del grupo criminal, catalogado como “organización del terrorismo internacional”, al impedirle ingresar al sistema financiero y limitar sus fuentes de ingreso.
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En paralelo, el gobierno mexicano dio a conocer que ha colaborado con las autoridades de Estados Unidos y que desarrollado sus propias investigaciones en nuestro país, con lo que ha identificado que las personas y empresas señaladas han cometido diversas prácticas sospechosas o claramente constitutivas de delito como transferencias de grandes cantidades dinero al extranjero y evasión de impuestos.
Empresas y operadores bajo la lupa
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés), designó a tres personas físicas y tres empresas vinculadas al sector de juegos y apuestas, todos originarios de México, por sus presuntos vínculos con el CDN.
Entre las empresas destaca Comercializadora y Arrendadora de México (Camsa), operadora del Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Según las autoridades, este establecimiento pudo ser utilizado por el CDN para almacenar drogas como fentanilo y cocaína, además de funcionar como un instrumento de lavado de dinero mediante actividades de juego.
También fue incluido el Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, considerado como parte de la red para incorporar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero formal.
En cuanto a las personas, la OFAC sancionó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador en el cruce de migrantes hacia Texas.
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Asimismo, se incluyó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su presunto apoyo legal a integrantes del CDN y otros servicios más allá de los estrictamente legales, y a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, a quien se acusa de hacerse pasar por “activista de derechos humanos” para proteger la imagen del grupo criminal y promover acciones a su favor.
El gobierno estadounidense recordó que la violencia del CDN constituye un riesgo para la seguridad de su país, como lo demostró el ataque al consulado estadounidense en Nuevo Laredo en 2022.
UIF investiga en México
En un comunicado a parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguraron en un comunicado que han realizado un análisis financiero, fiscal y corporativo de los acusados en Estados Unidos, pero sin precisar sus nombres.
Como resultado, se identificó que varios establecimientos de apuestas operaban bajo una misma estructura empresarial, con transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo.
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También se detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los recursos manejados, además de movimientos relevantes de efectivo sin justificación clara.
La UIF advirtió posibles esquemas de evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones tributarias y operaciones que podrían constituir lavado de dinero.
Por lo anterior, la Unidad ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para suspender las actividades de los negocios señalados.
GC
