Combatir la corrupción y generar una fuerte cultura de integridad en el servicio público es indispensable para incrementar la productividad, la mejora de la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones en América Latina y el Caribe, destaca un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con cifras recabadas en el mismo documento, 75 por ciento de los latinoamericanos perciben que sus gobernantes trabajan para su propio beneficio; del otro lado de la moneda, sólo 35 por ciento de los ciudadanos están contentos con sus gobernantes en materia anticorrupción. Por ello la OCDE destaca que los casos más recientes de corrupción en la región y el creciente descontento de los ciudadanos son una oportunidad para que los responsables de políticas promuevan una cultura de integridad e implementen estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. En México, a mitad del sexenio que está por concluir se creó en letra el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que a la fecha sigue acéfalo en algunas de sus competencias más importantes. El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el SNA, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno; durante 2016 se aprobaron los 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción. Para 2017, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, aún queda pendiente el nombramiento de un fiscal general y un fiscal anticorrupción, pilares del andamiaje institucional que se cercó alrededor del SNA. Además de este esquema que no terminó su consolidación en el actual sexenio y que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció que estará completo este 2018 con los nombramientos de un fiscal general, uno anticorrupción y un nuevo fiscal electoral, el nuevo gobierno con mayoría de Morena en el Congreso alista algunas reformas para el servicio público. Una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fue aprobada en el Senado tras siete años de que la minuta llegó a la Cámara Alta; y se alista la Ley de Austeridad Republicana. Además se convertirán en delitos graves la corrupción, el fraude electoral, en cualquiera de sus manifestaciones y el robo de hidrocarburos; además el presidente en funciones podrá ser juzgado por el delito de corrupción. Si bien, los incentivos y fortalecimiento de los esquemas de mérito en la admnistración pública es una de las recomendaciones de la OCDE; también hace énfasis en que para garantizar la coherencia general y el impacto de sus sistemas de integridad, los países podrían fortalecer sus acuerdos institucionales.
“En particular, los actores clave del sistema de integridad de cada país deben intercambiar información regularmente y coordinar sus acciones. La creación de unidades de integridad ayudaría a integrar las políticas de integridad en toda la administración pública y dirigir su implementación en cada entidad pública. Una estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción podría comprometer a los diferentes actores del gobierno para lograr resultados concretos y ambiciosos pero factibles”, reza Integrity for Good Governance in Latin America and the Caribbean.
Este punto, aún no es motivo de reforma o iniciativa alguna en el Congreso, a pesar de que académicos y organizaciones de la sociedad civil han destacado que el SNA requiere algunos ajustes, como que su órgano rector tenga mayores alcances en materia de intercambio de información interinstitucional.       do