El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (ANP) de China, autorizó este sábado al Ejecutivo a que “ponga a prueba” reformas al impuesto sobre bienes inmuebles en ciertas regiones del país.
De acuerdo con la agencia Xinhua, con la aprobación, el máximo órgano legislativo tiene el objetivo de que la nación asiática avance hacia una nueva reglamentación del impuesto inmobiliario, de una “manera activa y prudente”.
Con ello, se pretende “orientar el consumo racional de viviendas” y “el uso económico e intensivo de los recursos de la tierra”, así como “facilitar el desarrollo estable y sólido del mercado inmobiliario del país”.
La decisión se produce en plena crisis del gigante inmobiliario Evergrande, paradigma de la política aperturista del país asiático desde la década de 1970, y que arrastra un pasivo total de más de 300,000 millones de dólares, de los cuales 37,000 se corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer semestre de 2022.
Cabe mencionar que el sector inmobiliario chino comenzó a sobrecalentarse a finales de 1990, cuando los reguladores de entonces abrieron la mano a promotoras ávidas por aprovechar el ‘boom’ del ladrillo chino.
Las restricciones a la salida de capitales y la volatilidad de los mercados bursátiles locales han hecho que las propiedades sean uno de los vehículos de inversión preferidos en China, en parte debido a que todavía no existe un impuesto sobre bienes inmuebles a nivel nacional. Según Moody’s Analytics, las viviendas representan casi 60% del patrimonio de los hogares chinos y más de 75% de sus deudas.
Las autoridades han tratado en los últimos años de regular el sector para controlar su expansión desmedida, obligando a las empresas a reducir pasivos y a ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez.
Entre las afectadas está Evergrande, cuyas acciones subieron el viernes un 4.3% en la Bolsa de Hong Kong ante las informaciones que apuntan a que la compañía habría abonado los intereses de un bono ‘offshore’ justo un día antes de incurrir oficialmente en impago.
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Algunos expertos estiman que el peso directo e indirecto del sector inmobiliario y del de la construcción alcanza entre 20 y 30% del PIB nacional. También creen que entre 13% y 22% de las viviendas urbanas del país están vacías, especialmente en las ciudades más pequeñas, en algunas de las cuales las autoridades ya han comenzado a establecer límites a cuánto pueden bajar de precio los pisos para “mantener la estabilidad” del mercado.
(Con información de EFE)
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