La educación financiera es fundamental en México, no solo para ampliar los beneficios de los servicios financieros entre más segmentos de la población, sino también para dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan proteger su patrimonio ante el aumento de los riesgos digitales.
“La educación financiera no es una tarea secundaria del sistema financiero, es un objetivo central de la política pública en materia de inclusión”, afirmó María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2026.
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La funcionaria destacó que la formación financiera fortalece la autonomía económica de los individuos y contribuye a proteger su patrimonio, fruto de su trabajo.
Sin embargo, expuso que el reto consiste en lograr que la población comprenda y utilice de manera adecuada los productos que ya tiene contratados.
María del Carmen Bonilla expuso que actualmente cerca de 77% de los mexicanos, de entre 18 y 70 años, tiene un producto financiero formal, cifra superior al promedio de 68% de 2021.
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Si bien este cambio es favorable, también exige reforzar los conocimientos sobre las condiciones de los servicios, facilitar la comparación de alternativas, costos y tasas, así como ayudar a identificar riesgos y reconocer a qué instituciones acudir ante cualquier problema, consideró la funcionaria.
Añadió que la Estrategia Nacional de Educación Financiera del gobierno federal tiene entre sus objetivos fortalecer el bienestar económico mediante conocimientos, habilidades y hábitos que permitan a las personas y empresas planear sus recursos, tomar mejores decisiones y afrontar imprevistos con mayor capacidad de respuesta.
Otro desafío prioritario es la seguridad en el entorno digital, por lo que María del Carmen Bonilla consideró indispensable que la capacitación incluya medidas para resguardar los datos personales, verificar la autenticidad de los canales electrónicos, detectar engaños y comprender las consecuencias de autorizar operaciones financieras.
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La subsecretaria también reconoció que las diferencias en conectividad deben formar parte de esta discusión, pues no toda la población dispone de las mismas condiciones para utilizar herramientas digitales.
Bonilla Rodríguez planteó que la confianza en los servicios financieros digitales requiere instituciones sólidas, atención oportuna de las autoridades y usuarios con conocimientos suficientes para desenvolverse con seguridad.
GC
