Antes que un proceso de arbitraje, sería más conveniente fomentar el diálogo entre las partes involucradas en la controversia de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Más allá de discusiones estériles que agudizan las diferencias y los resentimientos, es clara la conveniencia de interlocución de los grupos interesados, antes de entrar a un proceso de arbitraje, a fin de buscar una mejor solución para las partes, en especial para el país”, apuntó el CEESP en un documento que analiza la controversia.
El organismo añade que, más allá de las fricciones que puedan darse entre la CFE, el gobierno federal y las empresas firmantes de contrato, el verdadero riesgo de la controversia es que proyecte un panorama de incertidumbre en el país tanto al interior como al exterior.
“Si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, es claro que las señales emanadas de esta problemática mermarían la confianza de los inversionistas, como consecuencia de la percepción de la falta de certeza jurídica que puede inhibir la inversión, con los consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento económico”, apunta el documento.
El gobierno federal informó desde febrero sus planes para modificar algunas de las clausulas de los contratos mantenidos por la CFE con empresas transportadoras de gas tanto de origen nacional como extranjero. Calificándolos como “leoninos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los contratos exigían montos demasiado elevados a la empresa estatal en caso de que sucedieran situaciones de fuerza mayor. De pagar dichos montos, dijo, la CFE recibiría un golpe que acabaría con sus finanzas, de por sí debilitadas. El CEESP justifica dichas cláusulas explicando que protegen a las empresas firmantes de estos casos de fuerza mayor.
“Están diseñadas para compensar costos de oportunidad a las empresas por causas no imputables a ellas […] La responsabilidad de las autoridades recae en la imposibilidad o falta de voluntad para generar un ambiente propicio para los negocios. Un sistema regulatorio eficiente y un sólido estado de derecho que privilegiara las reglas del juego, sin duda habrían contribuido a un mejor desempeño de los proyectos mencionados”, apunta el análisis.
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