El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que el Senado de la República haya aprobado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, porque los cambios provocarán un aumento de precios para el sector privado, pero también para los consumidores finales.

La electricidad que generan los productores privados es 26% más barata que la generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —empresa productiva del estado—, diferencia que se traduce en aproximadamente 60,000 millones de pesos anuales (mdp).

Sin embargo, al darse preferencia a las plantas de CFE en el despacho de energía eléctrica en el país, por encima de los productores privados, los costos de producción de electricidad necesariamente aumentarán, lo que afectará finalmente a los hogares, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, al comentar la aprobación de la “contrarreforma eléctrica” en el Poder Legislativo federal.

“El costo implícito de este 26% más caro, que se traducirá en una adición de 60,000 mdp anuales, tendrán que ser financiados de alguna manera. O se financia porque la electricidad a los agentes económicos será más cara, o se financiará porque la Secretaría de Hacienda tendrá que subsidiar estos 60,000 millones”, añadió Carlos Salazar.

De cualquier manera, el costo de la electricidad se va a encarecer y tendrá un impacto en los precios de bienes y servicios de uso común, como la ropa, los alimentos o bien la cuenta de un restaurante, dijo el representante empresarial.

En el foro “Electricidad para el futuro”, organizado por el CCE, Carlos Salazar lamentó que el Senado haya rechazado la organización de una sesión de parlamento abierto, para escuchar los puntos de vista de los conocedores del tema.

“Nos preocupa la conclusión de esta madrugada. No nos dimos tiempo ni la oportunidad de debatir. No tuvimos facilidad de poder argumentar y contrastar”, lamentó el representante empresarial.

Además de dar preferencia a CFE para despachar su electricidad, las reformas recién aprobadas también cambian las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), para que las plantas de CFE puedan aspirar a obtenerlos y también implican modificar los contratos que el gobierno tiene firmados con entes privados en materia de electricidad.En este sentido, Carlos Salazar advirtió que sobrevendrán demandas de las empresas privadas, varias de ellas extranjeras, que van a sentir vulnerados sus derechos.

Te puede interesar: Gobierno renegociará contratos con Iberdrola y otras 10 empresas del sector eléctrico

“Los agentes económicos que invirtieron de buena fe en nuestro país deberán tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos”, aseguró el representante empresarial.

Argumentó que en el sistema legal y económico vigente existe un principio de libre competencia entre los agentes participantes, el cual no se respeta con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

GC