El objetivo del gobierno federal para hacer de México un país autosuficiente en materia de combustibles derivados del petróleo “es una quimera”, al menos no será posible en lo que resta de la presente administración, considera Víctor Gómez Ayala, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé.
Los planes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consideran reducir radicalmente las exportaciones de petróleo crudo en los próximos dos años para destinarlo a la refinación, con intención de producir gasolinas y diésel para el mercado interno.
Cumplir con este objetivo implicaría hacer que “Deer Park –la refinería recién adquirida por la federación— estuviera en los límites de su capacidad de producción, implicaría poner en etapa de producción acelerada la refinería de Dos Bocas –actualmente en construcción— e implicaría reestructurar y relanzar la capacidad del sistema nacional de refinación. Hacer eso en los próximos dos años es demasiado ambicioso”, estima el experto.
Pero en el supuesto de que se lograra la autosuficiencia de combustibles, ¿qué tan deseable sería para México no exportar petróleo y transformarlo en derivados? Víctor Gómez advierte en entrevista que tampoco quedan claros los beneficios para el país ya que, por un lado, el gobierno federal dejará de captar ingresos en dólares por la renta que generan las exportaciones de petróleo.
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Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresa puede perder oportunidades de financiamiento y negocios en el mundo, debido a la formación internacional de precios del petróleo, un estándar del cual México se apartará al dejar de exportar “oro negro”.
“La manera como se determinan los precios de la mezcla mexicana de petróleo tiene que ver con la formación de precios en el mundo”, recuerda el economista formado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Actualmente, el precio de la mezcla mexicana tiene como puntos de referencia los precios del petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos y el Brent de Reino Unido, cuyas variaciones alcistas o descendentes se reflejan en el petróleo mexicano.
Sin embargo, al retirarse México del mercado internacional, “la probabilidad de que Pemex pueda colocar deuda desaparece si no hay un proceso claro de determinación de sus ingresos, porque no se sabe cómo tendrá facilidades de pago”, explica Víctor Gómez.
En ese sentido, existen “muchos factores externos a las operaciones de Pemex que hacen imposible que el valor de los hidrocarburos no sean determinados por condiciones externas y lo mismo pasa con las gasolinas”, agrega el experto.
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“Hoy por hoy, por la manera como están estructuradas las ganancias y el proceso de fijación de precios, sería una decisión muy desacertada” dejar de exportar petróleo, insiste Víctor Gómez.
Sistema de refinación con deficiencias
El experto –quien ha sido economista senior de Casa de Bolsa Finamex— también pone el dedo en la llaga de los problemas operativos de Pemex refinación, al sostener que “sus números” denotan pérdidas financieras.
De modo que “abastecer el sistema de refinación solo con petróleo nacional sería alimentar la parte negativa del balance de Pemex y eso implicará (…) consecuencias negativas en los márgenes de utilidad de la empresa”, considera Víctor Gómez, al agregar que “la clave no está en ver lo que perderemos por no exportar, sino en los costos, cuánto perderá Pemex por procesar todo ese crudo” en sus refinerías obsoletas.
Desligar política energética de finanzas públicas
El especialista considera que más allá de cómo el entorno internacional influye en los precios y los volúmenes de comercio de los energéticos, México tiene que hacer una reflexión sobre cómo fortalecer su política energética en aras de atender las necesidades de la población, con suficiente abasto de energía, a los menores costos posibles, y que se garanticen los mejores precios a los hogares y empresas.
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El “talón de Aquiles” de la política energética del país está en la vinculación de la producción petrolera y de la generación de electricidad con las finanzas públicas, lo que constituye un elemento que siempre interviene a la hora de hablar de modernización de la industria de los energéticos en México, su cobertura de la población y, más recientemente, la transición hacia fuentes de energía menos contaminante.
“Mientras más desligada esté la política energética de las ataduras de finanzas públicas puede encausarse mejor hacia el bienestar de los ciudadanos. Pero si es al revés, atar a que Pemex produzca para el gasto corriente de gobierno y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produzca energía eléctrica para que la Secretaría de Hacienda tenga control de las tarifas, entonces se limita la capacidad de que esa política energética impulse el desarrollo del país”, concluye Víctor Gómez.
GC
