El Servicio de Administración Tributaria (SAT) defendió el caso que tiene abierto contra Totalplay, empresa de Grupo Salinas, por un adeudo de impuestos del año 2011, un asunto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió la razón al gobierno en 80% de sus reclamaciones.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó este viernes cómo se gestó la denuncia del gobierno federal contra Totalplay que viene del año 2014, es decir, desde la pasada administración.
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En la conferencia de prensa de Presidencia de la República, esta vez desde Baja California Sur, el funcionario expuso que en el año 2014, el SAT decidió hacer una auditoría fiscal en el sector de telecomunicaciones y medios de comunicación.
“Las auditorías del SAT se hacen por sectores económicos, no vemos nombres propios, ni de personas físicas, ni de empresas. Nosotros vemos las operaciones contables que tienen repercusiones fiscales”, comentó el funcionario, para aclarar que el gobierno federal no tiene un interés en particular en Totalplay.
En su relato, Martínez Dagnino —poco afecto a aparecer en público— explicó que en las auditorías fiscales, el SAT solicita la información a los contribuyentes, quienes están obligados a entregar todo aquello que pueda demostrar sus operaciones.
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Al cabo de la auditoría, que se efectuó en 2014 por el ejercicio fiscal de 2011, el SAT encontró que Totalplay no tenía “la información adecuada y completa que respaldara sus operaciones, sobre todo de sus gastos”.
No obstante que en el proceso la autoridad tributaria mantuvo contacto con el contribuyente, Totalplay “no puedo acreditar en un año que sus gastos fueran indispensables para el negocio”.
En este sentido, el SAT resolvió lo siguiente.
1 La empresa reportó gastos 1.4 veces mayores a los ingresos obtenidos en 2011.
“Esta empresa estaba reportando mayores gastos, gastos excesivos y en seis aspectos, no les fue posible probar que hicieran falta para que el negocio funcionara”, dijo Martínez Dagnino.
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2 Al cabo de la auditoría, no fue posible restar esos seis aspectos de los impuestos y se le comunicó en 2015 a Totalplay que debía pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo”, de ahí que decidió inconformarse contra la resolución del SAT, explicó el funcionario.
Desde entonces, el litigio entre Totalplay y el SAT sigue abierto.
“El contribuyente incurrió en diversos errores, así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1,500 millones de pesos (mdp) que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la SCJN nos ha dado derecho a cobrar”, agregó Martínez Dagnino.
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Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal destacó que este no es el único caso abierto contra las empresas de Grupo Salinas —Televisión Azteca, Elektra, Banco Azteca, Italika y Totalplay—, ya que existen impuestos pendientes de pago por 30,000 mdp.
Las empresas de Grupo Salinas “tienen una cantidad histórica de adeudos por 30,000 mdp, que se encuentran en el Tribunal federal y en el Tribunal Colegiado”, aseguró Martínez Dagnino.
En la conferencia “mañanera”, y en apoyo a los comentarios del jefe del SAT, Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, dijo que la resolución de la SCJN de esta semana, que concedió la razón a Totalplay para no pagar 645 mdp de impuestos atrasados, no tira por tierra los reclamos del SAT contra esa empresa.
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La autoridad fiscal exige unos 2,366 mdp de impuestos por el año 2011, según declaraciones de López Obrador.
“Si la autoridad fiscal hubiera incurrido en un error en la revisión que realizó y en sus decisiones, las resoluciones de todas las autoridades por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Totalplay y no fue así”, dijo la funcionaria.
“Inclusive en la última instancia, la SCJN verificó que el SAT estuvo en lo correcto en un más de un 80% de su actuación”, concluyó Grisel Galeano.
GC




