Gane quien gane las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, el nuevo gobierno tendrá el desafío de impulsar una política energética que garantice un abasto suficiente para la población, lo que implica necesariamente aceptar la participación del sector privado en hidrocarburos y electricidad.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) formuló una serie de recomendaciones de política energética que deberá adoptar la nueva administración federal, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre de este año.
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Entre sus propuestas, los especialistas del Imco sugieren que Petróleos Mexicanos (Pemex) establezca acuerdos de cooperación con operadores privados, ya que la empresa productiva del Estado puede diversificar el riesgo de los proyectos de exploración y extracción, así como beneficiarse de la tecnología y las capacidades de las compañías privadas.
También sería deseable para el país que las refinerías de Pemex se concentren en procesar productos de mayor valor agregado y reconfigurarse para participar en la petroquímica.
Otro de los grandes pendientes que tendrá la siguiente administración será la liberación de permisos para la importación de combustibles, ya que “limitar la importación pone en riesgo la seguridad energética de México y excluye la necesidad de contar con todas las alternativas posibles para garantizar el suministro de combustibles”.
En materia de gas natural, el Imco refiere que este hidrocarburo deberá considerarse como un “insumo de transición”, en aras de impulsar la adopción de energías renovables en el país.
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En este sentido, los expertos del Instituto mencionan la pertinencia de invertir más en la infraestructura de transporte y almacenamiento del gas natural, ya que actualmente el país se ve limitado en este sentido.
Para esta tarea, Pemex también deberá apoyarse en empresas privadas, que puedan aportar soluciones técnicas y capital.
Actualmente, México tiene una capacidad de almacenamiento de gas natural de 2.4 días, cuando países como Francia e Italaia tienen capacidad de más de 90 días, en tanto que España reporta un promedio de 34.2 días.
En materia de energía eléctrica, el Imco considera en sus propuestas que el incremento de la demanda de energía del país tiende a aumentar cada vez más, sobre todo con la llegada de nuevas inversiones producto del “nearshoring”, de allí que la siguiente administración deberá igualmente convocar a los participantes privados.
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Por lo anterior –contra lo que ha hecho la administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador— el Instituto insiste en la necesidad de otorgar permisos de generación eléctrica a las empresas privadas, sobre todo para proyectos de energías renovables.
De esta manera se diversificarán los riesgos de inversión y de generación de energía, además de que “se liberará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la responsabilidad de ser el único participante en los nuevos proyectos de generación”.
Una condición fundamental consistirá en ejercer todos “los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución”, porque de esa manera será factible incorporar a los proyectos de energías renovables en el sistema eléctrico nacional.
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Si bien, la legislación vigente concede al Estado mexicano la exclusividad de invertir en transmisión y distribución, CFE tiene facultades para asociarse con privados en aras de financiar, instalar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura de transmisión y distribución, concluyó el Imco.
GC
