La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber intervenido en el proceso mediante el cual la Cámara de Diputados eligió ayer a Aureliano Hernández Palacios Cardel, para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el periodo 2026-2034.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el nombramiento fue una decisión tomada por los legisladores y no por el Poder Ejecutivo federal.
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“No participé yo en la decisión, es muy importante. Entiendo que fue porque todos los partidos lo votaron”, aseguró Claudia Sheinbaum.
El nuevo auditor es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Sheinbaum Pardo, cuando ella se desempeñó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Además, Fernando Aureliano Hernández Palacios fue encargado de despecho, de la entonces delegación Tlalpan, en el tiempo en que la hoy presidenta aspiraba a la jefatura de Gobierno capitalina.
Consultada por los reporteros sobre esa relación, Claudia Sheinbaum insistió en que la designación respondió a un acuerdo político dentro del Congreso y expresó su confianza en que el nuevo auditor superior de la federación cumplirá con su función de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
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La mandataria concentró sus comentarios en destacar la relevancia de fortalecer la lucha contra los actos de corrupción. Refirió que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, tendrá reuniones con el nuevo auditor y con el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva, para coordinar medidas de prevención y combate a la corrupción.
La mandataria consideró que el trabajo conjunto entre estas dependencias debe traducirse en resultados concretos frente a las denuncias ciudadanas y en la aplicación de sanciones contra quienes incurran en irregularidades dentro del servicio público.
“Nuestro objetivo es erradicar la corrupción”, afirmó Claudia Sheinbaum.
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Asimismo, la mandataria aseguró que, una vez que las nuevas autoridades del sistema de fiscalización se encuentren en funciones, podrán evaluar posibles ajustes legales que permitan mejorar la eficacia de las instituciones encargadas de vigilar el uso del dinero público y castigar irregularidades.
GC
