La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la iniciativa para eliminar pensiones “millonarias” no aplicará a integrantes de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, criticó que José Ángel Gurría Treviño, quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, perciba una pensión mensual de 120,000 pesos.
La reforma se dirigirá exclusivamente a servidores públicos de confianza —que ocupan cargos directivos— que se jubilan con pensiones que o consiguen los trabajadores de base.
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En su conferencia de prensa de todas las mañanas, esta vez desde Guanajuato, Claudia Sheinbaum confirmó que Gurría Treviño, que también fue director de Nacional Financiera (Nafin) y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recibe los mencionados 120,000 pesos de pensión derivada de su gestión en Nafin.
La presidenta cuestionó que el exfuncionario —quien ha sido crítico de la política económica del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual administración— mantenga ese ingreso, no obstante que ha ocupado cargos internacionales de alto nivel.
“Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y de todas maneras tienen pensiones que ya no se justifican”, aseguró Sheinbaum Pardo.
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La mandataria explicó que la reforma constitucional pretende establecer un tope para estas prestaciones, el cual tendrá que ser equivalente a la mitad del salario mensual del presidente de la República.
En caso de aprobarse en el Congreso de la Unión, la mandataria insistió en que no afectará a militares ni a personal de las fuerzas armadas, pues su régimen responde a normativas distintas.
Claudia Sheinbaum también mencionó el caso de la académica María Amparo Casar, quien recibía una pensión por viudez de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a quien se acusó de haberse beneficiado de dicha prestación cuando no lo ameritaba.
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De aprobarse la reforma, las pensiones de los funcionarios públicos de confianza que próximamente vayan a jubilarse tendrán que ajustarse al nuevo límite.
Mientras tanto, cualquier procedimiento legal que se genere por esta situación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder, dijo la mandataria.
GC
