La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la detención de 14 personas acusadas de participar en una red de contrabando de diésel, entre ellas empresarios, funcionarios de aduanas y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), que dieron a conocer ayer las autoridades de seguridad pública.
En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la operación forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y delitos relacionados con el robo y contrabando de combustibles.
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“Es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que corresponde es detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.
Este domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la red criminal fue desarticulada tras el aseguramiento de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de este año.
Según las autoridades, el grupo utilizaba empresas fachada y documentos falsos para introducir combustibles al país, sin pagar impuestos, revenderlo en gasolineras o colocarlo en flotillas con permisos legales, un negocio ilícito que ha generado ganancias millonarias.
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Entre los detenidos se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina—, el exjuez Anuar González Hemadi, así como 12 personas más cuyas identidades completas aún no han sido esclarecidas.
En su conferencia de hoy, Claudia Sheinbaum destacó que la investigación lleva más de dos años en curso, misma que inició tras las denuncias presentadas por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre presuntas irregularidades dentro de la institución.
“El propio almirante Ojeda denunció ante la FGR. Estas detenciones provienen de un buque que reportaba transportar otra sustancia y que, en realidad, estaba cargado con diésel. A partir de ahí comenzó todo el proceso de investigación”, dijo la mandataria.
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Como se ha informado, el delito que investigan las autoridades con el descubrimiento del mencionado buque cargado de combustibles es una defraudación fiscal, porque la mercancía se importa al país sin pagar los impuestos correspondientes, en la medida que los importadores declaran que se trata de aceites o aditivos, pero no así de combustibles.
Esta práctica se ha denominado coloquialmente como “huachicol fiscal”.
Claudia Sheinbaum enfatizó que las investigaciones sobre huachicol fiscal requieren tiempo para reunir pruebas sólidas y procesar los casos, aunque los delitos resulten evidentes. Reiteró que su administración mantendrá el principio de “cero impunidad”, frente a las redes de corrupción que facilitan el contrabando de combustibles.
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“Cuando llega este tanque cargado de diésel viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Lo importante es el compromiso de que no habrá encubrimiento y todos los involucrados enfrentarán la justicia”, concluyó.
GC
