La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ni ella, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen facultades para condonar impuestos o negociar exenciones, pues la Constitución lo prohíbe expresamente.

En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la mandataria dijo que el pago de impuestos “no es un asunto político, sino de cumplimiento de la ley”, en referencia a los adeudos fiscales de grandes contribuyentes, entre ellos Grupo Salinas.

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“La negociación de la ley nunca. Las puertas del SAT están abiertas a cualquier persona, pero la ley es la ley”, aseguró Claudia Sheinbaum.

Respecto a las declaraciones de Grupo Salinas en las que solicita una mesa de diálogo con el gobierno para resolver sus controversias tributarias, Claudia Sheinbaum pidió a la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, presentar un informe público.

Según la información oficial, Grupo Salinas —del empresario Ricardo Salinas Pliego— enfrenta nueve litigios fiscales en tribunales, que en conjunto suman 48,382 millones de pesos (mdp).

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Los procesos involucran a cuatro compañías del conglomerado, señaladas por consolidaciones indebidas, deducciones no válidas y pérdidas fiscales simuladas.

Uno de los casos más relevantes corresponde al año 2013, con un adeudo de 24,968 mdp. Según Galeano, la empresa no revirtió pérdidas fiscales que ya había utilizado en ejercicios previos, tal como lo exigía la salida del régimen de consolidación fiscal.

El Poder Judicial ha sido resuelto en favor del SAT en dos instancias desde 2018 y actualmente se espera una resolución definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Sheinbaum Pardo recordó que, aunque el SAT puede cometer errores, estos cuentan con mecanismos legales para ser corregidos, siempre dentro del marco legal.

“No podemos sentarnos en una mesa a negociar. No es un asunto de acuerdos particulares; es un asunto de Estado de derecho”, insistió la mandataria.

La jefa del Poder Ejecutivo reiteró que, desde 2018, el gobierno federal ha impulsado reformas para eliminar condonaciones discrecionales, reforzar la fiscalización y recuperar adeudos históricos que en administraciones pasadas quedaban sin sanción.

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La Procuraduría Fiscal de la Federación destacó que se trabaja para evitar simulaciones contables y garantizar que todos los sectores económicos contribuyan de forma equitativa a la recaudación de impuestos.

De esta manera, el gobierno federal pretende alcanzar un sistema tributario más transparente, justo y eficiente, en el cual la contribuyentes y autoridades alcancen entendimientos siempre con base en la ley.

GC