La Secretaría de Energía (Sener) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto con el que pretende suspender los efectos legales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y restituir el estado de cosas que prevalecía antes de que fuera publicada.
Lo anterior, luego de que el pasado viernes 19 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió una suspensión definitiva de la mencionada ley, en lo que resuelve la solicitud de amparo que presentaron empresas que consideran afectadas por los cambios hechos a la Ley de la Industria Eléctrica, según un reporte publicado por el diario El Universal.
El documento enviado a la Conamer explica que el acuerdo tiene le propósito de “brindar certeza a todos los particulares y en cumplimiento al requerimiento ordenador el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana”.
En este sentido “se suspenden todos los efectos y consecuencias derivados del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021”, agregó el proyecto de la Sener.
Al “congelarse” la puesta en operación de la reforma en materia de industria eléctrica se restablece de manera provisional la vigencia de los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 y otras disposiciones que estaban en funcionamiento antes de que se publicara el decreto de reforma a la mencionada ley.
El Juzgado Segundo de Distrito no solo ha concedido la suspensión definitiva a un grupo de quejosos, sino que también aceptó en trámite una solicitud de amparo de otro grupo de empresas que se consideran afectadas por los cambios en materia eléctrica y a quienes benefició la semana pasada con una resolución de suspensión provisional.
Estas resoluciones —que implican frenar la entrada en vigor del decreto de reforma— también se distinguen por tener carácter general, lo que significa que no solo protegen a los quejosos sino también a otras empresas del sector que no han demandado, pero que igualmente pueden ser afectadas.
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Asimismo, el Juzgado Primero de Distrito también ha concedido una suspensión provisional a empresas que igualmente se han inconformado con la reforma aprobada en febrero pasado por el Poder Legislativo.
Ante estos recursos legales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que su gobierno hará todo lo necesario para impulsar su política de energía eléctrica —que considera válida—, por lo que promoverá una reforma constitucional con la intención de que los agentes económicos no impugnen en tribunales el marco legal de la industria eléctrica con el argumento de que viola la Constitución Política del país. (Con información del diario El Universal)
GC
