El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), que faculta al Instituto para construir nuevos desarrollos habitacionales y crear una empresa constructora.

Apenas ayer, las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara alta autorizaron el dictamen corregido, que les turnó hace una semana la Cámara de Diputados, para que fuera discutido en la sesión plenaria de hoy.

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Tras un álgido debate entre el oficialismo y la oposición, el Pleno del Senado de la República concedió 71 votos a favor del dictamen en lo general —de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT)—, y 36 en contra de la oposición —Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)—.

Asimismo, se registraron dos abstenciones: una de Ricardo Sheffield Padilla, legislador de Morena, y de Amalia García Medina, de MC.

En lo particular, se contabilizaron 67 votos a favor y 35 en contra. El Plano del Senado rechazó todas las reservas de la oposición y de esta manera concluyó el debate y votación de la llamada “reforma de vivienda social”. El dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.

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El dictamen aprobado hoy permite al Infonavit crear el servicio de arrendamiento de vivienda, por lo que los trabajadores afiliados al Instituto podrán usar los recursos de su subcuenta de vivienda para arrendar una casa o departamento.

Al cabo de 10 años de arrendar un mismo inmueble, los trabajadores podrán optar por comprarlo, para lo cual podrán acreditar las rentas cubiertas como parte del pago.

El Infonavit ya no solo otorgará créditos hipotecarios como hasta ahora, sino que también podrá construir casas y departamentos al servicio de sus afiliados, que se financiarán con los fondos bajo la administración del Instituto.

En aras de cumplir con esta tarea, el Infonavit podrá crear una empresa filial que no se considerará como una empresa paraestatal y que tendrá plena capacidad de gestión.

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Otros cambios que contiene la reforma y que han causado críticas de la oposición y de sindicatos y cámaras empresariales consiste en entregar al presidente de la República el nombramiento del director del Infonavit, sin necesidad de que sea ratificado por los órganos de gobierno del Instituto.

Se otorga derecho de voto al director general en la Asamblea General y se le concede el derecho de veto en las resoluciones del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia.

Las comisiones de Vigilancia, de Auditoría y de Transparencia tendrán una composición igualitaria de representantes sindicales, empresariales y de gobierno, mismos que no recibirán ninguna remuneración por sus funciones.

Senadores de la oposición como Gina Campuzano González, Mely Romero Celis y Michel González Márquez acusaron en la tribuna que la reforma autorizará “un robo”, “una expropiación” de 2.1 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores para entregárselos a una “empresa sin control ni fiscalización”.

GC