Industriales y empresarios transportistas demandaron al gobierno federal la formulación de “una estrategia efectiva” para enfrentar los robos al autotransporte de carga en las carreteras del país, ya cada año se estiman pérdidas por 7,000 millones de pesos (mdp).
Asimismo, la estrategia deberá poner mayor atención a la protección de la vida de los choferes de los camiones.
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En conferencia de prensa, José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), informó que entre enero de 2018 y noviembre de 2023, se reportaron 85,000 asaltos a camiones de carga en todo el país.
De esa cifra, se estiman pérdidas económicas por 7,000 mdp anuales, que se traducen en 19 mdp diarios en promedio. Consecuentemente, los costos de operación de las empresas de autotransporte de carga se han elevado 10%.
Las entidades federativas en donde más robos se han presentado son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
Por lo anterior, “urge una estrategia de inteligencia nacional integral, por eso demandamos una reunión con el presidente y con los gobernadores de las entidades identificadas como las de mayor incidencia delictiva, para que el diálogo que ya tenemos se traduzca en la reducción de las cifras de delitos, están robando a tiros certeros”, aseguró Abugaber Andonie.
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La situación de violencia en las carreteras ha crecido al grado de que se cometen 1.6 delitos cada hora, que se traducen en 13,848 cada año, con consecuencias como robo de mercancías, robo de los vehículos, lesiones, homicidios de los operadores, interrupciones a las cadenas de suministro y reclamaciones de los clientes de las empresas de carga, según datos de Concamin.
En promedio, se cometen unos 38 delitos diarios en contra de los conductores de los camiones de carga.
En la conferencia, también estuvieron presentes Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); Lucio Rodríguez González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat); y Leonardo Gómez Vargas, Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), entre otros representantes empresariales.
Por lo pronto, las agrupaciones empresariales han enviado cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores para exponerles su situación y pedirles una intervención más decidida de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad en las carreteras.
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Al margen de estos pronunciamientos del sector privado, organizaciones de transportistas –operadores que trabajan por su cuenta o para pequeños negocios— mantienen su convocatoria para una suspensión de labores el próximo 5 de febrero y una movilización de protesta contra la inseguridad.
Los organizadores han dicho que harán cierres parciales en la carretera federal número 57, México-Querétaro, y en otras carreteras importantes del país.
GC
