Organizaciones del sector privado demandaron al gobierno federal cancelar el programa que pretende regularizar las casas ocupadas por invasores, al considerar que normaliza la ilegalidad y contradice los principios fundadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El lunes pasado, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, informó que ante la realidad de que existen casas y departamentos ocupados por personas que no son los dueños originales, se les ofrecerá la oportunidad de regularizar la propiedad del inmueble mediante un acuerdo de renta, por cuatro o cinco años, al cabo de los cuales podrán quedarse definitivamente con la vivienda.

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Preocupadas por las implicaciones legales que puede tener este programa, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) firmaron un comunicado en el que manifestaron su desacuerdo.

Las seis organizaciones expusieron que el Infonavit tiene un mandato legal de ayudar a los trabajadores que son sus derechohabientes a conseguir un patrimonio familiar mediante créditos hipotecarios, de modo que al permitirse que terceras personas ocupen las viviendas constituye una forma de violar el derecho a la propiedad privada y un castigo a los derechohabientes.

También hicieron ver que la Ley del Infonavit no faculta al Instituto a ofrecer “créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes”, por lo que no puede proponer acuerdos de renta con opción a compra a los invasores.

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Las seis organizaciones igualmente hicieron ver que el acuerdo de regularización de las casas invadidas afectará a las finanzas del Infonavit, ya que existe un universo de aproximadamente de 843,000 casas “emproblemadas” —cuyos créditos no se han liquidado, están abandonas o bien invadidas— que representan una inversión de 700 millones de pesos (mdp).

Pero de ese total de viviendas, unas 168,000 ya fueron debidamente censadas y se pudo comprobar que 86% están habitadas por terceras personas que no contrataron el crédito hipotecario. El programa del Infonavit pretende vender las casas por debajo de su valor real, de modo que el organismo rescatará una parte mínima de los créditos.

Las organizaciones firmantes igualmente destacaron que el Infonavit ya arrastra un índice de morosidad ascendente, ya que en 2018 era de 7.8%, pero en 2024 llegó a 24%.

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“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, advirtieron los empresarios.

El comunicado exige a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizar la protección de la propiedad privada, de manera explícita y sin ambigüedades.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”, concluyeron las organizaciones firmantes. 

GC