La Secretaría de Economía informó este lunes que solventará las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2020, de la cual se desprende un gasto de 7.5 millones de pesos (mdp) pendiente de aclarar.
Dicha cantidad se refiere al Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, también conocido como Crédito a la Palabra, sobre el cual la ASF consideró que la información entregada no es suficiente para justificar su gasto durante 2020, de ahí el señalamiento de los 7 millones 550,000 pesos que faltan por explicar claramente cómo se ejercieron.
“La Secretaría de Economía cuenta con elementos y evidencia documental suficiente para aclarar dicho monto, por lo que se iniciarán los trabajos con el área de seguimiento de la ASF, a fin de presentar y concluir las aclaraciones a la mayor brevedad posible y dentro del plazo que establece la ley”, informó la dependencia a través de un comunicado.
La ASF también hizo observaciones a la Secretaría de Economía sobre presuntos movimientos irregulares dentro de la dependencia, que no causan daños patrimoniales, pero que es pertinente revisar, para lo cual instruyó al Órgano Interno de Control de la Secretaría que realice una investigación.
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Asimismo, la Secretaría de Economía rechazó las versiones de prensa en el sentido de que fueron indebidamente incorporadas 558 personas como beneficiarias del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, ya que según el Registro Nacional de Población (Renapo) esas personas ya fallecieron.
Si bien efectivamente, la ASF se refirió a los 558 beneficiarios, la Secretaría de Economía demostró que 290 de ellos no reclamaron su crédito, de modo que los recursos que iban a recibir fueron regresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En tanto que los 268 individuos restantes acudieron a cobrar su apoyo, ya que abrieron una cuenta bancaria, firmaron contrato y recibieron los recursos, todo lo cual se le comprobó a la ASF.
La Secretaría de Economía explicó que la ASF levantó sus sospechas sobre la existencia de 558 personas, debido a que hizo un cruce de información entre la Clave Única de Registro de Población (CURP) que proporcionaron los beneficiarios, con las bases de datos del Renapo, que es la fuente original de la expedición de las CURP.
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De este cotejo de datos fue que resultó que las 558 personas mencionadas tenían su CURP con clasificación de “cancelada por fallecimiento”, de ahí que hizo las observaciones respectivas a la dependencia, mismas que ya fueron aclaradas.
Por lo anterior, la Secretaría de Economía insistió en que no se ejerció ningún daño al presupuesto público en lo relacionado con los beneficiarios de los Crédito a la Palabra en 2020.
GC
