México avanzó en disciplina fiscal durante 2025; sin embargo, el ajuste se logró a costa de la inversión pública, lo que podría tener implicaciones para el crecimiento económico en los próximos años, advirtió Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
Durante el análisis “Navegando las finanzas públicas de 2025. Balance del primer año del sexenio”, la economista recordó que 2025 arrancó con una meta fiscal particularmente ambiciosa: reducir el nivel de endeudamiento público, luego de que en 2024 se registró el déficit más elevado en 35 años.
Explicó que el objetivo planteado por las autoridades era disminuir el déficit de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) a 3.9%, con el propósito de encauzar la deuda pública hacia una trayectoria más estable.
En ese contexto, la especialista en finanzas públicas señaló que el resultado alcanzado fue parcial, ya que se cumplió únicamente con 50% de la meta prevista. Esto implica que se avanzó a la mitad del proceso de consolidación fiscal propuesto, lo que en términos prácticos significó una reducción cercana a un punto porcentual del PIB en el déficit público.
“No es un esfuerzo menor, especialmente dado el contexto que se vivió, el contexto económico. Sin embargo, en efecto, no se cumplió la meta y queda camino por recorrer”, señaló.
Campos recordó que la deuda pública total se ubicó en 53% del PIB. Añadió que, aunque el indicador puede parecer elevado, debe considerarse el entorno de bajo crecimiento económico registrado durante el año.
Detalló que el PIB nacional avanzó apenas 0.8%, muy por debajo del 2.5% anual que se esperaba.
“Entonces, la combinación de algunos factores, especialmente el crecimiento económico, la fuerte carga de las obligaciones fiscales, es decir, de pagos fijos que no se pueden cambiar en el corto plazo, amplificó el peso relativo del endeudamiento”, apuntó.
A pesar de este panorama, la economista destacó señales relevantes de fortaleza institucional en las finanzas públicas. Entre ellas, subrayó que la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico.
Además, los ingresos obtenidos por fiscalización o cobranza superaron el billón de pesos, monto que representó casi una cuarta parte del total de los recursos recaudados.
De acuerdo con Campos, este esfuerzo recaudatorio permitió amortiguar el impacto del ajuste fiscal sobre ciertos rubros prioritarios del gasto público.
“A pesar de esta rigidez presupuestaria que hay por el gasto de obligaciones, sí se lograron preservar recursos para el ámbito de la salud, educación y el Estado de Derecho”, indicó.
No obstante, la especialista sostuvo que durante 2025 también quedó en evidencia una fragilidad estructural persistente en las finanzas públicas, la cual se agrava ante el bajo crecimiento económico y la caída de los ingresos petroleros.
“Especialmente me refiero a los ingresos petroleros del gobierno federal que han quedado nulificados a partir de 2025”.
En materia de gasto público, explicó que el año mostró la complejidad de equilibrar la disciplina fiscal con la provisión de derechos y servicios públicos.
Señaló que el gasto total prácticamente se mantuvo estable, pero la inversión física del sector público fue la principal variable de ajuste, registrando su nivel más bajo desde 2008.
“Yo creo que aquí está, digamos, el punto más importante a entender: podemos avanzar la consolidación fiscal, sí, lo hicimos, pero a cuesta también de un fuerte recorte en la inversión. Y eso es básicamente un arma de dos filos, porque es a partir de la inversión pública que se puede detonar más la inversión privada. Es bien importante”.
En este contexto, la experta afirmó que México se encuentra en un punto de inflexión en materia de política fiscal.
Indicó que el reto no consiste únicamente en reducir el déficit o preservar el grado de inversión, sino en aprovechar la política fiscal en toda su amplitud y con todos sus instrumentos disponibles.
El objetivo, explicó, es impulsar la productividad de la economía, fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura física y ampliar la disponibilidad de insumos para la producción a menores costos.
“Y todo eso es parte de lo que puede también o en lo que puede contribuir la política fiscal.
“Por tanto, controlar un déficit no debe ser —de ninguna manera— el único objetivo a perseguir. […] Hoy más que nunca necesitamos abrir el debate sobre cómo lograr una hacienda pública sostenible, al mismo tiempo equitativa, pero con un gran rol en impactar la productividad y el crecimiento económico. Es decir, con una visión de mediano y de largo plazo”, concluyó.
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