La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el debate sobre la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobaron el año pasado, y que pretenden otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel preponderante en la operación de la industria eléctrica nacional.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó el proyecto de sentencia que declara que sí son congruentes con la Constitución política vigente los cambios hechos a la referida ley en 2021, pese a los juicios de amparo que interpusieron diversas empresas privadas y los recursos de acción de inconstitucional y de controversia constitucional, que en su momento presentaron senadores de la República, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima.
Si bien, en su sesión de este martes los ministros comenzaron con el debate de este tema, el presidente del Máximo Tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, levantó los trabajos y convocó a continuar con el debate en la próxima sesión ordinaria del jueves.
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La sesión del pleno de la SCJN comenzó con un debate en torno a la pertinencia de que Loretta Ortiz participe en la discusión y votación de la sentencia sobre la Ley de la Industria Eléctrica, ya que la ministra votó en contra de la reforma energética del sexenio pasado, cuando se desempeñaba en ese entonces como diputada federal por el Partido del Trabajo (PT).
Justamente, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica están encaminadas a revertir los cambios a la legislación mexicana que se aplicaron a la industria energética nacional en la reforma de 2013, lo que en el caso de Loretta Ortiz pudiera considerarse como un conflicto de interés. Sin embargo, ocho de los 11 ministros –incluido Arturo Zaldívar— descartaron que la ministra estuviera impedida para abordar este tema.
Reforma por la confiabilidad del sistema eléctrico
En su exposición para defender su proyecto de sentencia, la ministra expuso que la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica soluciona un problema que existe actualmente en el despacho eléctrico y que consiste que las plantas eléctricas de tecnologías renovables enfrentan intermitencias, de ahí la necesidad de modificar el orden del despacho eléctrico para garantizar la confiabilidad del sistema.
La reforma a la mencionada ley otorga preferencia a las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la hora de liberar energía eléctrica para el abasto de la población y en segundo lugar se quedan las plantas de tecnologías renovables, la mayoría de ellas administradas por el sector privado.
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Loretta Ortiz consideró que este cambio no constituye “una barrera a la libre competencia” de los productores de energía eléctrica en el mercado mexicano, además de que tampoco se otorga una ventaja indebida a la CFE, ya que no solo esta empresa sino que también otras podrán hacer entrega física de electricidad al mercado.
La reforma sí atenta contra la libre competencia
Al conocer los argumentos del proyecto de sentencia, los ministros Javier Laynez Potisek y Juan González Alcántara manifestaron en la sesión su desacuerdo con los criterios de Ortiz Ahlf.
Javier Laynez consideró que el nuevo orden de despacho eléctrico que se plantea en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no otorga un trato igualitario a todas las plantas del sistema eléctrico, sino que se beneficia claramente a las plantas de CFE.
González Alcántara coincidió con este razonamiento y también se manifestó en contra de eliminar el mecanismo de subastas eléctricas, un recurso que se creó en la reforma energética del sexenio pasado, pero que se pretende abolir en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
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Las subastas constituyen concursos para que los privados puedan ofrecer el servicio de generación de electricidad al mejor precio que puedan ofrecer, en aras de que el gobierno mexicano elija cuál le conviene más.
En este sentido, los dos ministros coincidieron en que la nueva ley secundaria de la industria eléctrica va en contra del principio de libre competencia de los agentes participantes del sector, el cual está plasmado en la Constitución política vigente.
La discusión en la SCJN sobre la constitucionalidad de la mencionada ley corre de manera paralela a la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pretende analizar, debatir y aprobar en el transcurso de esta semana y la siguiente.
De esta manera, el gobierno federal tiene dos frentes por medio de cuales pretende sacar adelante su política en materia de electricidad, una por la vía de la reforma a la Constitución y a leyes secundarias, y la otra por la vía de la jurisprudencia a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
GC
