El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda par los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer una serie de presuntos actos de corrupción que se cometieron hace dos sexenios y que implicaron contratos fraudulentos con proveedores de servicios y empresas constructoras, así como juicios irregulares contra trabajadores y redes de corrupción para vender las mismas casas varias veces, en perjuicio del Instituto y de los ahorros de los derechohabientes.

Todo lo anterior sin que los órganos de gobierno del Instituto, como los comités de Vigilancia y de Auditoría o el mismo Consejo de Administración hayan intervenido para imponer denuncias, aplicar las sanciones correspondientes y tomar medidas preventivas.

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En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, Octavio Romero Oropeza, director general del Infoanvit, dio a conocer la existencia de una “red delictiva” que entre los años de 2014 y 2016 otorgó 12,000 créditos hipotecarios sobre un total de 1,400 viviendas, distribuidas en varias entidades federativas.

En esta supuesta red participaron trabajadores del Infonavit, despachos de abogados, notarios públicos y peritos valuadores, entre otros actores.

“Este mecanismo era para estafar a los trabajadores, cobrándoles 40% de sus ahorros para la vivienda”, pero sin entregarles su propiedad, aseguró el funcionario.

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De momento, se ha identificado que los estados de México, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León y Baja California fueron los más afectados por este fraude.

Romero Oropeza destacó que el caso de “Tlaxcala es relevante, porque 35 casas se vendieron casi 800 veces. Aquí operó un notario, un despacho de abogados, un perito, un controlador y un trabajador del Infonavit”.

Otra irregularidad en el Instituto ha sido la promoción de juicios para la recuperación de vivienda que presuntamente no ha sido pagada por los trabajadores.

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Según el funcionario, entre los años 2013 y 2015, despachos de abogados se coludieron con funcionarios del Poder Judicial y notarios del estado de Nayarit para promover juicios fraudulentos contra 60,000 trabajadores.

“El Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de trabajadores fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, lo anterior sin que el Comité de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones contra los responsables”, dijo Romero Oropeza.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario comentó que la empresa Telra Realty fue contratada en 2014 por el Infonavit para instalar una plataforma que sirviera para administrar soluciones de vivienda a los trabajadores derechohabientes que cambian de lugar de residencia.

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El contrato estableció una contraprestación de 100 mdp, pero se cumplió el plazo pactado de dos años y la empresa no entregó el trabajo para el cual fue requerida. Pero lejos de ordenar una penalización por incumplimiento, el Consejo de Administración del Instituto autorizó una indemnización de 5,000 mdp para la empresa.

Octavio Romero no explicó las razones por las cuales el Consejo tomó la decisión de conceder la indemnización a Telra Realty, pero lo que sí dijo es que dos socios de la empresa aceptaron devolver 2,000 mdp “cuando se dieron cuenta de lo chueco del asunto”.

Sin embargo, otros tres socios se han negado a devolver los 3,000 mdp restantes.

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Los presuntos actos de corrupción denunciados por Romero Oropeza ocurrieron en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien en su periodo tuvo dos directores del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa y David Penchyna Grub; sin embargo, el funcionario no mencionó que ninguno de los dos esté sujeto a investigación ni que vayan a ser denunciados.

Actualmente, Alejandro Murat es senador de la República por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

GC