“Si bien los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión permiten a las personas obtener la ciudadanía o los derechos de residencia a través de inversiones locales o por una tarifa plana por razones perfectamente legítimas, también pueden ser mal utilizadas para ocultar sus activos en el extranjero”, destaca la organización.Después de analizar los esquemas de residencia y ciudadanía operados por 100 países, la OCDE subrayó que 21 de ellos son de riesgo, porque atraen a los inversionistas al ofrecer una tasa impositiva de ingresos personales por debajo del 10 por ciento en activos financieros extraterritoriales, mientras que tampoco requiere que un individuo pase una cantidad significativa de tiempo en el país, es decir, ni menos de 90 días en la jurisdicción que ofrece el esquema. En la lista destacan islas y países del Caribe americano, lo mismo que países de Europa y Asia: Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahréin, Barbados, Colombia, Chipre, Dominica, Granada, Malasia, Malta, Mauricio, Mónaco, Montserrat, Panamá, Qatar, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Seychelles, Turcos y las islas Caicos, Emiratos Árabes Unidos y Vanuatu. El problema, añadió es que estos esquemas puede viciar el intercambio de información fiscal entre los países integrantes de la organización.
“Pueden ser objeto de abuso para tergiversar la jurisdicción fiscal de un individuo y poner en peligro el correcto funcionamiento de los procedimientos de diligencia debida de los intercambios de información entre los países miembros”, añade.La OCDE insiste en la facilidad con la que las personas más ricas pueden obtener otra nacionalidad socava el intercambio de información; y por ello promueve la Norma Común de Información, un marco que permite que los detalles de las cuentas bancarias que una persona tenga en el extranjero se envíen a su oficina tributaria nacional. do
