El rescate bancario ha costado a la nación 1.4 billones de pesos, desde 1995 hasta el presente; sin embargo, los bancos han deducido de impuestos 290,000 millones de pesos (mdp), por sus aportaciones a ese rescate, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Así lo informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tratar de convencer a diputados de la importancia de cancelar esas facilidades fiscales de las que han gozado los bancos comerciales.
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En comparecencia con la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el funcionario comentó que el “paquete económico” de 2026 plantea la eliminación de las deducciones fiscales de los bancos, por el pago de cuotas al Fobaproa —especialmente las aportaciones destinadas al rescate bancario de 1995—.
“Se toma este año la decisión y es una propuesta que establece que ya no serán deducibles las cuotas que pagan los bancos destinados a cubrir el saneamiento financiero por el rescate bancario Fobaproa, al no estar vinculadas con la actividad que genera los ingresos de los bancos”, comentó Martínez Dagnino.
Reiteró los cálculos referidos anteriormente, en el sentido de que la desaparición de las deducciones por las cuotas bancarias al IPAB —antes Fobaproa— implicarán para el gobierno federal la recuperación de 10,000 mdp anuales de ingresos tributarios.
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Martínez Dagnino también sensibilizó a los diputados federales sobre otra propuesta que incluye el “paquete económico” de 2026, en el sentido de modificar al Código Fiscal de la Federación, para reforzar el combate a las empresas o personas físicas dedicadas a la expedición de facturas falsas, práctica también conocida como “facturerismo” o “factureros”.
“Las modificaciones incluyen nuevos procedimientos, las empresas inexistentes son identificadas por modelos de riesgo, no aplica para personas o empresas cumplidas, prohíbe la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de nuevas empresas, donde participen socios, accionistas y representantes legales de empresas factureras, bloquea la facturación indebida desde el inicio del procedimiento”, comentó el funcionario.
Martínez Dagnino prometió que la identificación de los “factureros” será un procedimiento ágil, de no más de 30 días, que también garantizará el derecho de audiencia.
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Además se van a prohibir los anuncios en redes sociales para la venta de facturas falsas, así como las prácticas de enajenación, compra y aceptación de facturas falsas.
GC
