La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara vigentes las reformas hechas a la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado constituye un revés para los principios de libre competencia económica y también significa el incumplimiento de México a varios acuerdos internacionales, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo patronal lamentó que el pleno de la SCJN no hubiera alcanzado los votos suficientes para emitir una sentencia que confirmara de manera definitiva la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que implica que esas reformas pueden aplicarse por las autoridades competentes.

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Sin embargo, los ministros tampoco emitieron una sentencia que considerara claramente constitucionales las reformas, de modo que la resolución implica que los actores que se consideren afectados pueden impugnarlas en tribunales con recursos legales.

En su sesión de este jueves, los ministros de la SCJN emitieron siete votos por la inconstitucionalidad y cuatro votos en contra de la inconstitucionalidad, cuando se requerían ocho votos como mínimo para conseguir una mayoría calificada, que permitiera declarar claramente inconstitucional la reforma.

“La decisión de la SCJN, al no alcanzar los ocho votos, permite que la ley siga vigente en sus términos. Sin embargo, a pesar de no declararse la inconstitucionalidad de la ley, el resultado de la deliberación de la SCJN permite que los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica sigan su curso y que puedan usarse los argumentos de la mayoría de los ministros que consideraron que los temas torales de la reforma son inconstitucionales”, aseguró la Coparmex.

En sus comentarios, el organismo empresarial insistió en que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que serán reactivadas tras la resolución de la SCJN, no garantizan la transición energética hacia fuentes de energías renovables, debido a que pretende fortalecer el papel preponderante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas plantas carecen de inversión suficiente para adoptar energías modernas y renovables.

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Además, las reformas pasan por alto los compromisos de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el sentido de que se pretende otorgar un trato discriminatorio a las empresas extranjeras de energía eléctrica, al acotar su participación en el sector, y cancelar los contratos que tienen firmados con el gobierno para la generación de electricidad.

“Tras el fallo de la Corte, reiteramos nuestra posición de que la Ley de la Industria Eléctrica no privilegia el bienestar de las familias, de los usuarios y atenta contra los esfuerzos por impulsar una economía sostenible. Vulnera así acuerdos y convenios internacionales jurídicamente vinculantes para la nación”, aseguró Coparmex.

GC