El Consejo de Empresas Globales manifestó su preocupación por la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que recientemente aprobó el Congreso de la Unión, al considerar que deja en la indefensión a los ciudadanos ante violaciones a los derechos humanos o “cualquier acto inconstitucional”.
Lo anterior porque el juicio de amparo forma parte de un “sistema de justicia eficaz”, que es clave para “generar certidumbre y confianza para los inversionistas”, refirió el Consejo a través de un comunicado difundido este lunes.
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Como se informó, las reformas a la Ley de Amparo consistieron en eliminar la figura de los efectos generales, para que las sentencias favorables del juicio de amparo solo puedan beneficiar al promotor del juicio y no a otras personas afectadas por el mismo acto de autoridad; además de que también se elimina la figura de la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado hasta que termine el juicio y el Poder Judicial dicte sentencia.
“Reformas como esta van en detrimento del objetivo de brindar condiciones óptimas para la atracción de nuevas inversiones y el establecimiento de nuevas empresas en el país, pues se debilitan las estructuras legales que les permiten defenderse ante actos que pudieran considerarse como violatorios de sus derechos”, destacó el Consejo de Empresas Globales.
En el transcurso de este sexenio, varias empresas de la industria eléctrica —nacionales y extranjeras— acudieron al juicio de amparo para inconformarse contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que implicaron un cambio de reglas del juego para el sector, ya que suponían la cancelación de contratos o la negativa para la entrega de permisos de proyectos de energías renovables.
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Los juzgados que recibieron esas demandas otorgaron la suspensión temporal y la suspensión definitiva a varios de los promotores de esos recursos judiciales, en lo que se resolvía el fondo del asunto; además de que también los juzgados aplicaron la figura de efectos generales, que extendía la protección de la justicia a otros particulares que igualmente se sintieran afectados.
Al respecto, el Consejo —que aglutina a 60 compañías extranjeras con presencia en México— dijo que la suspensión “fortalece el Estado de derecho, los contrapesos y la impartición de justicia”, por lo que su eliminación “afecta los medios de defensa para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En este sentido, el conjunto de Empresas Globales exhortó al Poder Ejecutivo para que reconsidere la publicación y la puesta en operación de esta reforma y pondere “las opiniones vertidas de expertos y diversos sectores de la sociedad”.
GC





