El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el Estado de derecho es una condición necesaria el progreso económico duradero de México, por lo que las reformas a la Constitución y a las leyes deben darse con el debate.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) abundó que en el país se deben garantizar reglas claras, justas y procesos judiciales que propicien la inversión física y la contratación.
En ese sentido, mencionó que el respeto a la Constitución es una característica imprescindible del estado de derecho”.
“La garantía de su cumplimiento es responsabilidad del gobierno.
“Las reformas a la Constitución y a las leyes deben darse con el debate, las consideraciones y los contrapesos previstos dentro de la división efectiva de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el respeto de su autonomía”, expuso.
El Poder Judicial, añadió, es el garante de la Constitución y “su calidad e integridad son necesarios para la protección de los derechos de todos, particularmente de las minorías”, resaltó el Centro, el cual abundó que las empresas en México requieren de un país en donde se colabore y se construya con respeto a los derechos de cada uno.
“Que se discuta de forma constructiva… un país en el que la energía social se canalice al progreso, en donde en conjunto se haga frente a los grandes retos: pobreza, inseguridad, estado de derecho, salud, educación, exclusión social y crecimiento económico, entre otros.
“Es fundamental contar con un estado de derecho que dé seguridad de que las reglas permanecen y se respetan, que los conflictos comerciales se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo del mercado”, reiteró.
Para el CEESP, lo anterior es primordial si el país quiere favorecerse realmente de la relocalización de empresas (nearshoring), un fenómeno que es temporal, por lo “una reacción rápida y estructurada debe ser prioridad del nuevo gobierno”.
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Con base a esto, el organismo del CCE mencionó que uno de los pilares de la política pública de cualquier gobierno debe ser un entorno favorable para la inversión, por lo que aspectos como la certidumbre jurídica, regulación, seguridad, calidad del factor humano y la salud, deben estar alineados de manera que el mercado genere los mayores beneficios posibles.
“Es clara la necesidad de elevar la inversión productiva que incremente las capacidades de producción. Pero también, y posiblemente más importante, se requiere una visión de estado que busque que el crecimiento económico favorezca el funcionamiento y la creación de empresas.
“El crecimiento es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo y bienestar en el mediano y largo plazos, por eso la importancia de estimular su dinamismo”, concluyó.
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