El dictamen sobre la reforma de pensiones que mañana será sometido a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados tiene unas “letras chiquitas”, que poco a poco comienzan a descubrirse, como el hecho de que no hay un compromiso de garantizar pensiones equivalentes a 100% el último salario.

Tras revisar el dictamen que apenas aprobó ayer la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) confirmó que la reforma está pensada para la “generación Afore”, es decir para los que comenzaron a trabajar después de 1997, y que solo se van a pensionar con los ahorros acumulados en sus cuentas de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore).

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Sin embargo, el organismo destacó que la reforma no hace explícitamente responsable al Estado de garantizar pensiones iguales al último salario, como han dicho los diputados del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino que únicamente se habla de un apoyo complementario para los trabajadores de bajos salarios y cuyos ahorros por jubilación sean escasos.

Lo que sí dice la iniciativa es que esos apoyos no se otorgarán a todos los trabajadores de la “generación Afore”, sino únicamente a quienes perciban salarios iguales o inferiores al salario promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sin precisarse de cuánto es este promedio.

“El Estado mexicano procurará complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS”, refiere el Imco.

Es ampliamente conocido que el dictamen aprobado ayer por los diputados plantea la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fideicomiso que acumulará los recursos económicos suficientes en aras de dar el apoyo complementario a las pensiones de los trabajadores elegibles.

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También ya se sabe que parte de esos recursos se van a obtener de las cuentas de Afore inactivas y de la subcuenta de vivienda de los trabajadores de más de 70 años de edad, afiliados al IMSS, y de los trabajadores de más de 75 años, afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, de última hora, los diputados aceptaron hacer un cambio en este punto del dictamen, al especificar que quedarán excluidas las cuentas de Afore y las subcuentas de vivienda de los trabajadores del sector privado y de los empleados públicos de más de 70 años pero que sigan como trabajadores activos.

El Imco hace ver que, según el proyecto de reforma, el apoyo económico para completar las pensiones por jubilación estará sujeto a los recursos económicos disponibles en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, el oficialismo había dicho que otras fuentes de recursos para el Fondo iban a ser los remanentes de la extinción de Financiera Rural, de las utilidades de las empresas estatales como el Tren Maya y Mexicana de Aviación y de los adeudos fiscales de los gobiernos locales; sin embargo, el Imco encontró que el dictamen de los diputados no dice nada al respecto.

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Además, el organismo encontró que el proyecto de reforma no incluye obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Pensiones para el Bienestar, como la publicación de reportes periódicos de sus estados financieros.

Segú el dictamen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar estará supervisado por un Comité Técnico, que se encargará de formular reglas operativas sobre recepción, administración, inversión, distribución y rendimiento de los recursos económicos, los cuales “no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario”.

En caso de que el proyecto sea aprobado mañana por el pleno de la Cámara de Diputados, el Imco destacó la pertinencia de conocer la publicación del decreto sobre la reforma, 60 días después de entrada en vigor, para revisar los detalles específicos de la operación del Fondo y confirmar que efectivamente se prohíba el uso del dinero en otros gastos que no sean pensiones.

GC