La reforma a la Ley Minera, que nacionalizó el litio, manda una señal negativa a la inversión privada, principalmente extranjera, porque indica que, en cualquier momento, puede excluirse a la inversión extranjera de la explotación de otros minerales diferentes al litio.

Armando Ortega, presidente del Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), consideró que los cambios aprobados por el Poder Legislativo y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedaron ambiguos, porque si bien se refieren al litio, también hablan de los minerales relacionados con la transición energética.

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“Por la forma como quedó redactado, la reforma habla del litio, pero en el futuro el gobierno puede considerar otros minerales estratégicos para la transición energética. Con la tecnología existente pueden ser el cobre, el manganeso, el níquel o el zinc. Hoy es el litio, pero ¿mañana cuál puede ser?”, cuestionó el representante empresarial canadiense en entrevista de radio.

Asimismo, Armando Ortega refirió que, al reservarse el litio a la explotación exclusiva a cargo del Estado mexicano, las empresas que actualmente ya tienen concesiones mineras para explotar este mineral quedan en la incertidumbre jurídica.

El representante de CanCham consideró que este cambio en la Ley Minera implica la “expropiación” de las inversiones presentes, ya que no se aclara qué va a suceder específicamente con las empresas que ya tienen concesiones o autorizaciones relacionadas con el litio.

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Armando Ortega también cuestionó el hecho de que la reforma habla de que un organismo público descentralizado del Estado se encargará de gestionar la cadena productiva del litio.

A falta de mayores aclaraciones, lo anterior implica que el Estado se encargará no solo de las tareas de exploración y extracción del litio, sino también de la transformación del mismo, lo que puede incluir la fabricación de las baterías para el almacenamiento de energía.

Pero además, el representante empresarial destacó que las reformas a la Ley Minera también pueden ser violatorias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en los capítulos del pacto comercial no se especificó que México se iba a reservar la explotación del litio o de minerales estratégicos.

En este sentido, Armando Ortega refirió que las empresas canadienses y norteamericanas pueden demandar a México bajo las reglas del T-MEC o bien pudieran presentarse procedimientos jurídicos de Estado a Estado; sin embargo, consideró que “esto es inoportuno e innecesario” para la relación comercial de América del Norte. (Con información del diario El Universal)

GC