La reforma al Poder Judicial, que propone elegir juzgadores por medio de voto popular, puede convertirse en un factor para ahuyentar las inversiones en el país y debilitar el crecimiento económico, ya que se requiere de un ambiente de certeza jurídica, en el que los actores económicos sepan que pueden contar un sistema de justicia imparcial.

Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa; y Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la misma organización, manifestaron que el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la independencia con la cual deben actuar para resolver los casos a su cargo, con base en el derecho.

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Un procedimiento de elecciones expone a los aspirantes a juzgadores a ser cooptados por grupos de interés, como los grupos del crimen organizado.

Las expertas también comentaron que la renovación de todos los jueces, magistrados y ministros por voto popular puede retrasar los juicios que actualmente están en trámite, lo cual repercutirá en el crecimiento económico de país.

Se ha visto que las entidades federativas crecen económicamente 0.6% adicional cuando agilizan la solución de conflictos, dijeron las expertas en un foro organizado por México Evalúa para comentar sobre las repercusiones de la reforma al Poder Judicial.

En el foro, los especialistas de México Evalúa igualmente advirtieron del riesgo que implica permitir la selección de jueces, magistrados y ministros entre abogados experimentados y abogados recién egresados de las universidades, ya que existen materias del derecho que exigen especialización.

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Este es el caso de las materias de energía, medio ambiente y telecomunicaciones, entre otras, para las cuales ya existen juzgadores capacitados, por lo que un abogado no especializado tendrá carencias de conocimientos y experiencia para resolver esos asuntos.

De esta manera, los juicios derivados de dichas áreas no necesariamente tendrán las resoluciones más adecuadas, en perjuicio de las empresas y los consumidores.

Asimismo, Marina Campos y Ana Lilia Moreno advirtieron que la sola sospecha de que nuestro país no tiene una clara división de poderes y un Poder Judicial independiente y profesional puede ocasionar que México sea considerado por los inversionistas como una “economía de no mercado”.

De cumplirse este supuesto, una consecuencia inmediata será la cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Mariana Campos destacó que la reforma al Poder Judicial tiene implicaciones para varios capítulos del T-MEC, ya que en ellos se habla de la existencia de tribunales independientes para resolver las controversias que pudieran generarse en materia de inversiones y derechos laborales, entre otros.

La percepción de que el Poder Judicial de México no sea independiente e imparcial causará desconfianza entre los inversionistas, que buscarán otro país de destino que les ofrezca condiciones jurídicas más seguras, y por lo tanto no se cumplirán las expectativas de atracción de inversiones derivadas del proceso de relocalización de empresas o “nearshoring”.

“Sí nos preocupa mucho que, teniendo de frente una oportunidad tan grande para promover el crecimiento y el desarrollo económico del país, pongamos una limitante de este calibre que puede afectar la vida de cada uno de nosotros como mexicanos”, aseguró Mariana Campos.

GC