El gobierno de México podría plantear una reforma fiscal en 2027, después de las elecciones, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, al referirse a los cambios que, a su juicio, requiere la política fiscal del país.

En conferencia de prensa, la economista señaló que una reforma de este tipo no debería centrarse únicamente en aumentar los impuestos o crear nuevas contribuciones, sino que también tendría que revisar el gasto público, las ineficiencias en su ejercicio y los recursos que se destinan a Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el funcionamiento de la empresa.

“Creemos que va a ser en el 2027, después de las elecciones”, dijo, al ser cuestionada sobre cuándo tendría que realizar el gobierno de Claudia Sheinbaum cambios de fondo en materia fiscal,

La preocupación por las finanzas públicas ocurre en un contexto en el que la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) registra una caída durante este año, un comportamiento que, de acuerdo con la economista, no se observaba desde 2009 y, antes de ese periodo, desde 1995.

Siller atribuyó dicho retroceso a los menores márgenes de las empresas.

A este escenario se suma el cambio en la Ley del ISR previsto para 2027, que contempla un límite a las deducciones y sobre el cual descansa parte del aumento de la recaudación estimado en el Paquete Económico para el próximo año. Sin embargo, la especialista advirtió que la medida podría afectar especialmente a las empresas mayoristas y distribuidoras, en particular a las comercializadoras de automóviles.

De acuerdo con su análisis, las modificaciones podrían llevar a algunas compañías a frenar la contratación de personal o incluso a despedir trabajadores, mientras que las empresas con márgenes reducidos podrían intentar compensar el efecto mediante aumentos en sus precios.

“Va a tener un efecto inflacionario sobre México”, advirtió Siller al referirse al tope de deducibilidad, debido a que las empresas buscarían recuperar parte de sus márgenes mediante ajustes en los precios de los productos.

La economista también señaló que el gasto público mantiene una elevada rigidez, pues 70% de los ingresos tributarios están comprometidos con pensiones contributivas y no contributivas, programas del bienestar y el costo financiero de la deuda. Este último rubro, estimó, alcanzará 17.2% en 2027, una proporción que no se observaba desde 1999.

A estas presiones se suma la situación financiera de Pemex, que, según las previsiones de Banco BASE, podría requerir más apoyo del gobierno, pese a que se había señalado que en 2027 dejaría de recibir recursos adicionales.

Siller consideró que esta necesidad podría obligar a las autoridades a buscar recursos en otras partidas.

En ese escenario, no descartó que el próximo año se reduzca el gasto público destinado a inversión física, uno de los rubros que el gobierno puede ajustar ante las restricciones presupuestarias. No obstante, advirtió que un recorte de este tipo también tendría efectos sobre la actividad económica.

Por ello, consideró importante que la Secretaría de Hacienda mantenga los objetivos de déficit fiscal previstos para este año y los siguientes, ya que cualquier desviación al alza podría aumentar el riesgo de una reducción en la calificación crediticia de la deuda soberana.

Siller incluso consideró altamente probable que México pierda el grado de inversión antes de que concluya el actual sexenio, aunque señaló que un mayor crecimiento económico podría ayudar a evitarlo si se traduce en una mayor recaudación.

Para que esto ocurra, añadió, será relevante que el incremento al salario mínimo no supere demasiado el 7%, pues aumentos mayores, en un contexto de límites a las deducciones, podrían presionar a las empresas, deteriorar el mercado laboral y afectar tanto el consumo como los ingresos tributarios.

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