Los cambios recientes en la ley y la Constitución refuerzan el firme compromiso del gobierno con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de preservar su dominio en los mercados locales de petróleo y electricidad; sin embargo, estos lazos más fuertes también crean riesgos crediticios para ambas empresas.
Así lo consideró Moody’s Ratings —agencia calificadora de deuda— al manifestar que “los cambios regulatorios tienen como objetivo fortalecer el papel estratégico de Pemex en el sector energético, pero las medidas no resuelven sus principales riesgos crediticios”.
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En su reporte “El apoyo a emisores relacionados con el gobierno refleja diversas políticas adoptadas por los países”, Moody’s Ratings también considera que el nuevo marco regulatorio para CFE “prioriza las decisiones de inversión centralizadas y la confiabilidad del suministro sobre la rentabilidad”, lo que puede afectar la viabilidad de la empresa con el tiempo.
Si bien las reformas constitucionales y legales en materia energética permiten a la empresa impulsar su producción de hidrocarburos, con base en proyectos de “desarrollo propio” y “desarrollo mixto”, al mismo tiempo enfrenta dificultades en flujo de efectivo, ya que debe gastar en sostener sus refinerías que reportan pérdidas económicas.
Por lo anterior, Pemex tiene escaso margen de maniobra para financiar nuevos proyectos por su cuenta, y sin nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos no podrá hacer crecer sus ingresos, advierte Moody’s Ratings.
Aunque las reformas legales simplificaron las obligaciones fiscales de Pemex, la compañía debe pagar impuestos por un monto equivalente a 7,000 y 8,000 millones de dólares (mdd), cantidades que proporcionalmente representan más de la mitad de sus flujos operativos, situación que también limita la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos.
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Asimismo, Moody’s Ratings destacó la marcada tendencia de la compañía para depender del gobierno por la gestión de su abultada deuda.
“La capacidad del gobierno de emitir deuda en nombre de Pemex en condiciones más favorables refleja la importancia estratégica de la petrolera para México, pero también refuerza su dependencia del Estado para recibir asistencia, aun cuando disminuyan sus propios pagos al gobierno”, consideró la agencia calificadora.
Sobre CFE, el reporte destaca que la reforma le imprimó a la compañía un enfoque de inversiones centralizadas y de fortalecimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico, por encima de los criterios de rentabilidad.
El hecho de que la ley coloque a CFE como “un instrumento estratégico de políticas públicas” indica que la compañía tendrá el respaldo financiero del gobierno federal.
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Esta última situación será fundamental ante “la gran necesidad de la CFE de invertir capital para mejorar la calidad del servicio y mantener el crecimiento de la demanda”, dice Moody’s Ratings.
No obstante, la empresa eléctrica de todas formas va a necesitar la participación privada para lidiar con la volatilidad de los precios del gas natural y los riesgos asociados a la ejecución de nuevos proyectos de energía.
La agencia calificadora destacó también que la incertidumbre que genera la reforma —que reserva una participación de 46% al sector privado en la industria eléctrica— y las inquietudes que ha despertado la reforma al Poder Judicial “amenazan con desalentar la inversión privada en un momento de tensiones geopolíticas e incertidumbre comercial”.
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GC
